Un plebiscito y proceso constituyente a la chilena

Su repetición se da por descontada en cada proceso eleccionario chileno del que tenga memoria: el cliché de la “fiesta de la democracia” se ha cacareado en despachos periodísticos, invariablemente, cada mes de diciembre en que los ciudadanos hemos debido ir votar.

Este insólito e intempestivo plebiscito constitucional se realiza en octubre, desde luego, pero ello no obsta que tanto periodistas como políticos recurran al mencionado lugar común profusamente una vez más. Sin embargo, en esta ocasión el eslogan lleva como agregado alguna variante de una segunda parte: “la elección más importante de nuestra historia”.

Eso es, al menos, lo que nos dicen.

Así las cosas, no deja de ser curioso y hasta paradójico que, tratándose supuestamente de la “elección más importante de la historia”, sea este proceso también uno de los más irregulares, ilegítimos, inciertos e improvisados (o sea, a la chilena).

Al momento de escribir estas reflexiones –y asumo que también al momento de publicarlas–, Chile aún se halla a la espera de los resultados del plebiscito. Con todo, se hace importante recordar algunos antecedentes fundamentales e incluso graves que, sea cual sea el desenlace electoral, la mayoría de la gente parece ignorar o deliberadamente omitir, y que de alguna manera ensucian el proceso, llegando a inducir dudas de antemano sobre la legitimidad de los resultados y nuestro porvenir político.

Uno: más de la mitad del país está en cuarentena, con las dificultades logísticas y temores que ello implica

Despejemos primero los aspectos relacionados con la salud pública para luego entrar de lleno en lo político: según la información dispuesta en la edición del viernes 23 del diario La Tercera, nada más ni nada menos que el 51,2% del país –9.970.391 habitantes– se encuentra confinado a día de hoy, domingo 25 de octubre. Sí, ha leído bien: al día de la elección casi diez millones de personas están en cuarentena. Por su parte, de todo el territorio nacional, no es otra región que la de la Araucanía la que lidera el ranking con más comunas en cuarentena.

Se nos reitera constantemente que se han realizado otros procesos eleccionarios en el mundo en plena pandemia y se han llevado a cabo sin problemas. Sin ir más lejos, Jeannete Vega, asesora de la OMS (el brazo supuestamente técnico-médico de aquel organismo tan curiosamente entusiasta sobre la promulgación de una nueva Constitución para Chile que es la ONU), ha afirmado en la mencionada edición de La Tercera: “en pandemia se han realizado 50 elecciones en otros países. En todas las que se ha hecho seguimiento –recuerdo, por ejemplo, las de Wisconsin o en Francia– no se ha registrado ningún rebrote y se habían tomado todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia hasta ahora de que haya habido aumento de casos que puedan ser adjudicados a procesos eleccionarios”.

Decir que Chile no es Estados Unidos ni Francia –ni Corea del Sur, ni Alemania, ni Finlandia ni Noruega– se ha convertido también en lugar común a estas alturas, si bien no deja de ser cierto. De esta manera, insistir en que nuestra idiosincrasia tercermundista dista mucho de la de aquellos países que la asesora de la OMS tan suelta de cuerpo señala, está demás.

En caso alguno estoy previniendo que vaya a existir un rebrote en Chile (aunque si llegase a darse el proco probable caso de que así fuese, nadie tendría por qué extrañarse). Pero no puede desconocerse el elemento disuasivo que la situación sanitaria significará para cierto porcentaje del electorado –cuya relevancia se comprobará solo una vez que haya conteo de votos y sepamos cuántos efectivamente fueron a votar–, porcentaje que, dadas las condiciones de riesgo sanitario que –reales o no– perciben, elegirá acatar la cuarentena y simplemente no salir a votar.

Dos: a miles de chilenos se les ha privado injustamente de sus derechos políticos

El gobierno ya suspendió el plebiscito una vez, atendida la crisis sanitaria que implicó la irrupción de la pandemia en territorio nacional a comienzos de año. Desde luego, la decisión estaba más que justificada.

Transcurrieron los meses y muchos llegaron a pensar, con razón, que la elección reprogramada para octubre debería suspenderse nuevamente, dado el hecho de que aún nos encontramos en pleno estado de emergencia sanitaria.  Sin embargo, contra todo pronóstico, y basándose supuestamente en los factores antes señalados, el gobierno decidió perseverar en su afán de realizar el plebiscito.

Al margen de las eventuales implicancias de salud pública para la población en general, así como las dificultades y/o temores que pudiese haber significado para casi 10 millones de chilenos el estar en una comuna en cuarentena, la realización del plebiscito ha traído aparejada otra grave consecuencia que no parece haber recibido suficiente atención: la privación del derecho a sufragar para quienes están infectados con COVID-19.

Más allá de la relevancia estadística de la cantidad de infectados (a día de hoy son más de medio millón de chilenos), no deja de aportar otro dejo de ilegitimidad al proceso el hecho de que los pacientes infectados en el contexto de una pandemia en pleno apogeo derechamente no puedan votar, atendida la imposición gubernamental de no salir a las calles.

Ignoro qué habrá ocurrido en el caso de cada uno de los países que han impulsado procesos eleccionarios en plena pandemia, pero creo poder asumir con seguridad que en la mayoría de ellos se habrá establecido fórmulas para que los pacientes infectados pudiesen, de alguna manera, llegar a votar. El hecho de que se le haya privado arbitrariamente a miles de chilenos de sus derechos políticos, sancionándoseles por el solo hecho de portar una enfermedad que hoy resulta sumamente sencillo contraer, me parece no solo ilegítimo, sino obsceno, inaceptable y contradictorio con los estándares en materia de derechos políticos consagrados en cualquier tratado internacional de esos que Chile se dice tan respetuoso.

En breve, si no se iban a establecer alternativas de voto para los ciudadanos impedidos de concurrir a votar presencialmente, lo mínimo que debería haber hecho el gobierno es prorrogar una vez más la elección.

Tres: el plebiscito padece de ilegitimidad de origen

Resulta curioso que mientras el único argumento de quienes pretenden reemplazar la actual Constitución sería la “ilegitimidad de origen” de esta última, se haga ojos ciegos frente al contexto insurreccional y delictual –impulsado por la izquierda radical con la venia de políticos hasta de centroizquierda– en que se formó la génesis de este proceso constituyente.

Desde luego, la maquinaria propagandística de corte orwelliano no cesa en su afán de revisionismo histórico. Pero lamentablemente, los hechos son los hechos: no olvidemos que la noche en que Piñera realizó frente a todo el país aquel llamado que acabaría convirtiéndose en el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” (hasta el día de hoy me pregunto qué pasó con la parte de la “paz social”), dicha noche, reitero, era la jornada más violenta desde el propio 18 de octubre. Incluso, muchos especulaban sobre el inminente anuncio televisado de un nuevo estado de excepción constitucional ante lo desbordado de la situación en términos de seguridad interior del Estado.

Solo en aquel momento, y eventualmente ante lo que muchos especularon hubiera sido una negativa de parte del Ejército a hacerse cargo del orden público por la “falta de garantías” de parte del gobierno, Piñera, traicionando a sus votantes, su propio programa de gobierno, los intereses generales del país y su mandato constitucional, ofrece la Carta Fundamental como moneda de cambio, como un desesperado intento de salida política al conflicto con miras a frenar la escalada de violencia incontenible que nuevamente azotaba al país (demás está decir, el lumpen no lee el diario y a los revolucionarios que están por la anarquía tampoco es que el tema les importe demasiado).

Poco después el itinerario constitucional continuaba con su respectivo show en el ex Congreso de Santiago, con diputados y senadores realizando su puesta en escena de madrugada y aportando un granito de legitimidad meramente formal al proceso, al concurrir mayoritariamente en un acuerdo político que los comprometía a conceder los quórums necesarios establecidos en la propia Constitución del 80 para dictar una nueva Carta Fundamental (esta puesta en escena, no olvidemos, también se realizó con la ciudad y hasta las propias inmediaciones del ex Congreso en llamas, con la violencia prácticamente asediando sus puertas mientras los honorables todavía deliberaban, y se cernía sobre todos ellos y el país completo la amenaza de que las cosas podrían ir para peor).

Por último, conviene recordar  a qué nos referimos cuando hablamos del contexto de violencia política en el que se encuentra sumido el Chile post 18 de octubre y en el que nace el proceso constituyente, pues pareciera permear en el inconsciente colectivo la vaga noción que “violencia” no significaría más que un grupo de encapuchados revoltosos tirando piedras y a los que simplemente habría que “condenar” moralmente, como si con ello el universo volviera a su balance. Sin embargo, hablamos en la realidad de hechos gravísimos que en cualquier país política, social y psiquiátricamente sano serían considerados actos de terrorismo: incendios intencionales, ataques a infraestructura crítica, asesinatos y colocación de artefactos explosivos. Todo eso y más ocurrió a partir del 18 de octubre, aunque muchos prefieran hacerse los tontos y mirar para el lado.

Curiosamente, no falta por ahí la opinión que pretende equiparar el contexto político del 2019 al de 1973, señalando que las circunstancias descritas no serían tan distintas de la violencia política en medio de la cual se dictó la Constitución de 1980. Esta absurda y poco meditada opinión, sin embargo, lo único que hace es comparar la violencia de un proceso insurreccional con un régimen militar de facto, abstrayéndose del verdadero universo de diferencias existentes entre el contexto histórico, político, social, cultural, económico, militar, internacional y de prácticamente cualquier índole de aquel entonces, y el panorama del Chile republicano de 2019. Por lo demás, tampoco se hace cargo dicho “argumento” sobre cómo sería posible justificar el reemplazo de una Constitución “viciada de origen” por otra que reviste el mismo carácter.

En resumidas cuentas, el proceso constitucional que podría iniciarse hoy es el hijo bastardo de una concepción espuria: el terrorismo y el saqueo, casualmente justificados por muchos políticos y un importante sector de la población –bastante perdido– por supuestas causas sociales y económicas, y que en definitiva nos obligaron a iniciar un proceso constituyente jamás solicitado por nadie.

Cuatro: la mayoría de la población chilena en realidad “no está ni ahí” con una nueva Constitución

Decir que una eventual nueva Constitución no fue solicitada por nadie está lejos de ser una exageración.

Para retomar nuestra breve narración histórica, recordamos que es solo a partir del acuerdo del Congreso que la agenda de la nueva Constitución comienza a tomar fuerza, después de que esta careciera de todo protagonismo incluso en las mismas marchas y protestas que se llevaron a cabo desde el 18 de octubre en adelante –donde los mensajes en las pancartas versaban sobre desigualdad, el costo de vida, educación, salud, pensiones, la salida de Piñera, el aborto y hasta memes carentes de todo significado político–, incluyendo por cierto la multitudinaria movilización de Santiago del 25 de octubre.

Esta última realidad, incluso constatada por sus propios sentidos en diversas marchas por quien suscribe, se corresponde también con lo que de forma indesmentible planteaban los datos duros. Así, las encuestas sostuvieron de forma sistemática durante años que una nueva Constitución estaba lejos de ser una prioridad para los chilenos. Y si pudiese llegar a pensarse que este fenómeno solo se dio hasta el “estallido”, una vez más el dato duro demuestra  lo contrario, pues nada menos que la propia encuesta CEP de enero de este año –la recordada encuesta del 6% de apoyo a Piñera–  señalaba que la Constitución era apenas la decimoprimera preocupación de los ciudadanos, con un magro 7%.

También conviene tener en cuenta otros dos hitos históricos que dan cuenta precisamente de este manifiesto y originario desinterés del grueso de la población chilena por cambiar la Constitución: los sendos fracasos que resultaron ser la campaña “Marca tu voto” en la elección presidencial de 2013, cuando se instaba al electorado a pedir una asamblea constituyente mediante la rúbrica del acrónimo “AC”, así como la promoción de cabildos ciudadanos por cuenta de Michelle Bachelet y que acabó derivando en el proyecto constitucional de Fernando Atria entre 2017 y 2018. Ambos procesos terminaron concitando una participación del 8% y apenas 200.000 personas, respectivamente.

En breve, es así como, una vez más gracias a la maquinaria propagandística de un minoritario sector de la izquierda más radical, y propiciado por el uso de herramientas de manipulación de masas, la desinformación de la población, la sobreutilización de las redes sociales por parte de esta última y el cuestionable apoyo brindado por los medios tradicionales de comunicación a la causa, Chile inicia a partir de las revueltas de octubre un proceso político que en la práctica no había pedido nadie.

Cinco: la gente no sabe lo que vota

No cabe duda de que para votar hay que estar informado, y si este principio representa una realidad tratándose de cualquier proceso eleccionario, desde luego cobra mayor importancia tratándose de la que, nos han dicho, es la “elección más importante de la historia”.

Afortunadamente quien suscribe no es un político, ni un periodista ni un rostro televisivo ávido de aprobación popular, de manera que puedo afirmar con propiedad, y una vez más amparado en estadísticas, lo que tal vez resulte ser políticamente incorrecto: la mayor parte de la población chilena es ignorante y vota por el eventual cambio de Constitución totalmente desinformada.

Podríamos incluso ir más allá y recordar, una vez más empíricamente, que más del 40% de los chilenos carece de habilidades básicas de lenguaje y matemática así como de resolución de problemas, lo que evidentemente pinta un panorama en el que la población no posee pensamiento crítico y resulta propensa a fenómenos como la post-verdad y las fake-news, pero por ahora ciñámonos a lo que dice estricta relación con nuestra característica y generalizada ignorancia cívico-política.

Nuevamente, según la CEP del 6% de inicios de este año, nada más ni nada menos que un 56% de los encuestados creía que una nueva Constitución ayudaría a resolver los problemas de Chile.

Ahora, si se prefiere un barómetro más reciente, consideremos el sondeo de la Universidad del Desarrollo publicado en la edición del 8 de octubre de La Tercera, donde se le pregunta a los encuestados si creen que una nueva Constitución ayudará a mejorar la economía, la educación, la salud y las pensiones. En dicha medición, en promedio, un 70% de los encuestados estuvo muy de acuerdo o bien de acuerdo con que una nueva Constitución ayudaría a mejorar cada uno de dichos problemas. Curiosamente, cuando se les preguntaba si una nueva Constitución ayudaría a resolver la crisis del sistema político (la máxima posibilidad a la que realistamente un nuevo texto constitucional podría apuntar), dicha proporción de opinantes fue la más baja, con un mero 57%.

Que no se me malinterprete: en caso alguno caería en la soberbia de señalar que abogar por una nueva Constitución es sinónimo de desinformación o ignorancia. Sí lo es, sin embargo, creer que una Constitución ayudará a resolver dichos problemas, desconociendo las funciones básicas de una eventual nueva Carta Fundamental así como la realidad de las posibilidades jurídicas, políticas y económicas a las que esta podría aspirar.

Por último, le sugiero que haga una encuesta propia y salga a la calle a preguntar a cualquier persona si sabe lo que es una Constitución, cuál es su función y, al margen del eslogan “es de Pinochet”, cuáles serían los problemas de los que la Carta actualmente vigente adolecería. O al menos haga una búsqueda en YouTube y asómbrese con los resultados de los ejercicios de este tipo que otras personas se han tomado la molestia de realizar antes. Es muy probable que llegue a sentir vergüenza ajena.

Mientras activistas de izquierda radical como el profesor de Valparaíso Jaime Bassa abogan por la ignorancia de la gente, llamando a votar incluso sin haber leído la Constitución y sosteniendo que no es realmente necesario entender de qué se trata la cuestión para votar, no puedo personalmente sino lamentarme por la cruda realidad: pocas cosas le han hecho tanto daño a nuestra sociedad como la falta de formación y educación cívica.

En suma, a pesar de que nadie pedía realmente una nueva Constitución, la mayoría de los chilenos habrá ido a votar simplemente porque se les ha convencido de que han de hacerlo en una elección que resulta ser, al fin y al cabo, impuesta e ilegítima.

Seis: hay incertidumbre absoluta sobre las normas básicas que regirían un proceso constituyente

Para cualquier juego que se pretenda desarrollar –en este caso el juego “democrático” de discutir una nueva Constitución–, resulta no un lujo, sino una necesidad básica el saber con claridad cuáles serán las reglas que van a guiar dicho juego. Luego, más importante aún es saber cuáles serían tales reglas a fin de elegir primero si efectivamente se va a llevar adelante dicho juego o no.

Con todo, lo cierto es que en Chile el despelote es tal que hasta la propia casta política carece de certeza a la hora de explicar las reglas de funcionamiento del proceso constituyente en caso de ganar la opción “apruebo”. Y no hablo de incertidumbre respecto de minucias, sino de normas básicas y fundamentales que resultan trascendentes; del nivel de no saber si para llevar a cabo un partido de fútbol se ha de jugar con las manos o con los pies.

Esta falta de certeza respecto de normas básicas de funcionamiento muchas veces da cuenta no tanto de la inoperancia y falta de rigor intelectual de quienes pretenden constituirse en protagonistas del eventual proceso constituyente, sino de lo que resulta ser de plano su mala fe.

En este último sentido, podemos mencionar solo a modo ejemplo la cuestión sobre la famosa regla de los 2/3, respecto de la cual gente como Allamand y Atria, con sus respectivos sectores políticos detrás, mantienen diferencias interpretativas fundamentales (al margen de la evaluación que pudiese hacerse de cada una de estas figuras, una de dichas interpretaciones, evidentemente, se hace desde la buena fe y guarda relación con el espíritu general del texto acordado, mientras que la otra se ampara en la trampa y el ánimo de imponer una derrota política al rival).

En similar sentido puede mencionarse también la incertidumbre respecto a cómo podría funcionar la Convención Mixta en caso de que dicha opción ganara, atendido el hecho de que, para efectos de satisfacer esa injusta e ilegítima regla eufemísticamente llamada “paridad de género”, prácticamente la totalidad de las mujeres en el Congreso tendría que pasar por secretaría a dicha Convención, abandonando de paso el mandato soberano que se les entregó al momento de elegirlas diputadas o senadoras.

Que en el día del propio plebiscito aún no se sepa cómo se va a resolver la composición del eventual órgano constituyente, ni cómo se va a discutir y aprobar un eventual nuevo texto constitucional, da cuenta de la descomunal ilegitimidad, incertidumbre y grado de improvisación con que se ha gestado este proceso desde el día uno y que con toda seguridad acompañará al mismo hasta su eventual desenlace.

Por lo demás, conceder la resolución de todos estos futuros problemas a la esperanza de que todo se vaya a zanjar simplemente conversando de buena fe (máxime en el contexto de insurrección y polarización político-social de estos días) o delegando a la labor de la famosa “comisión técnica” es simplemente pecar, para mantener las sutilezas, de cándido.

Conclusión

Que para el día de la votación casi diez millones de habitantes se encuentren en cuarentena, que a cientos de miles de ellos se les haya privado de sus derechos políticos, que el proceso padezca de ilegitimidad de origen, que nadie lo haya pedido, que la población vote desinformada, y que se vote sin saber cómo funcionarán las reglas del juego, está lejos de ser una enumeración taxativa cuando se trata de demostrar que este es un proceso mal hecho de principio a fin.

Esta columna podría extenderse ad eternum agregando a la lista otros tantos elementos, como el hecho de que en caso de ganar la opción de la Asamblea Constituyente será un mero Congreso paralelo con expolíticos y rostros televisivos designados por los partidos y cuyo ingreso resultará dificultoso para los independientes, como el hecho de que en caso de ganar la Comisión Mixta estará integrada en un 50% por miembros del peor Congreso de la historia, que el nuevo texto constitucional –con todas las complejidades que implica su discusión– tendrá que ser resuelto en el insólito lapso de un año, que las reglas de votación para elegir a los miembros del órgano constituyente y sus cuotas atentan flagrantemente contra la igualdad ante la ley, que la izquierda intentó pasarse de lista y en su momento pretendió conseguir que hasta adolescentes de 16 años pudieran ir a votar, que la violencia extrema en las calles se sostuvo hasta días antes del plebiscito, que se amenazó explícitamente con la necesidad de aprobar una nueva Constitución so pena de que se desataría una nueva oleada de violencia, etc.

¿Realmente hace falta derrochar más bytes?

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