Un plebiscito y proceso constituyente a la chilena

Su repetición se da por descontada en cada proceso eleccionario chileno del que tenga memoria: el cliché de la “fiesta de la democracia” se ha cacareado en despachos periodísticos, invariablemente, cada mes de diciembre en que los ciudadanos hemos debido ir votar.

Este insólito e intempestivo plebiscito constitucional se realiza en octubre, desde luego, pero ello no obsta que tanto periodistas como políticos recurran al mencionado lugar común profusamente una vez más. Sin embargo, en esta ocasión el eslogan lleva como agregado alguna variante de una segunda parte: “la elección más importante de nuestra historia”.

Eso es, al menos, lo que nos dicen.

Así las cosas, no deja de ser curioso y hasta paradójico que, tratándose supuestamente de la “elección más importante de la historia”, sea este proceso también uno de los más irregulares, ilegítimos, inciertos e improvisados (o sea, a la chilena).

Al momento de escribir estas reflexiones –y asumo que también al momento de publicarlas–, Chile aún se halla a la espera de los resultados del plebiscito. Con todo, se hace importante recordar algunos antecedentes fundamentales e incluso graves que, sea cual sea el desenlace electoral, la mayoría de la gente parece ignorar o deliberadamente omitir, y que de alguna manera ensucian el proceso, llegando a inducir dudas de antemano sobre la legitimidad de los resultados y nuestro porvenir político.

Uno: más de la mitad del país está en cuarentena, con las dificultades logísticas y temores que ello implica

Despejemos primero los aspectos relacionados con la salud pública para luego entrar de lleno en lo político: según la información dispuesta en la edición del viernes 23 del diario La Tercera, nada más ni nada menos que el 51,2% del país –9.970.391 habitantes– se encuentra confinado a día de hoy, domingo 25 de octubre. Sí, ha leído bien: al día de la elección casi diez millones de personas están en cuarentena. Por su parte, de todo el territorio nacional, no es otra región que la de la Araucanía la que lidera el ranking con más comunas en cuarentena.

Se nos reitera constantemente que se han realizado otros procesos eleccionarios en el mundo en plena pandemia y se han llevado a cabo sin problemas. Sin ir más lejos, Jeannete Vega, asesora de la OMS (el brazo supuestamente técnico-médico de aquel organismo tan curiosamente entusiasta sobre la promulgación de una nueva Constitución para Chile que es la ONU), ha afirmado en la mencionada edición de La Tercera: “en pandemia se han realizado 50 elecciones en otros países. En todas las que se ha hecho seguimiento –recuerdo, por ejemplo, las de Wisconsin o en Francia– no se ha registrado ningún rebrote y se habían tomado todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia hasta ahora de que haya habido aumento de casos que puedan ser adjudicados a procesos eleccionarios”.

Decir que Chile no es Estados Unidos ni Francia –ni Corea del Sur, ni Alemania, ni Finlandia ni Noruega– se ha convertido también en lugar común a estas alturas, si bien no deja de ser cierto. De esta manera, insistir en que nuestra idiosincrasia tercermundista dista mucho de la de aquellos países que la asesora de la OMS tan suelta de cuerpo señala, está demás.

En caso alguno estoy previniendo que vaya a existir un rebrote en Chile (aunque si llegase a darse el proco probable caso de que así fuese, nadie tendría por qué extrañarse). Pero no puede desconocerse el elemento disuasivo que la situación sanitaria significará para cierto porcentaje del electorado –cuya relevancia se comprobará solo una vez que haya conteo de votos y sepamos cuántos efectivamente fueron a votar–, porcentaje que, dadas las condiciones de riesgo sanitario que –reales o no– perciben, elegirá acatar la cuarentena y simplemente no salir a votar.

Dos: a miles de chilenos se les ha privado injustamente de sus derechos políticos

El gobierno ya suspendió el plebiscito una vez, atendida la crisis sanitaria que implicó la irrupción de la pandemia en territorio nacional a comienzos de año. Desde luego, la decisión estaba más que justificada.

Transcurrieron los meses y muchos llegaron a pensar, con razón, que la elección reprogramada para octubre debería suspenderse nuevamente, dado el hecho de que aún nos encontramos en pleno estado de emergencia sanitaria.  Sin embargo, contra todo pronóstico, y basándose supuestamente en los factores antes señalados, el gobierno decidió perseverar en su afán de realizar el plebiscito.

Al margen de las eventuales implicancias de salud pública para la población en general, así como las dificultades y/o temores que pudiese haber significado para casi 10 millones de chilenos el estar en una comuna en cuarentena, la realización del plebiscito ha traído aparejada otra grave consecuencia que no parece haber recibido suficiente atención: la privación del derecho a sufragar para quienes están infectados con COVID-19.

Más allá de la relevancia estadística de la cantidad de infectados (a día de hoy son más de medio millón de chilenos), no deja de aportar otro dejo de ilegitimidad al proceso el hecho de que los pacientes infectados en el contexto de una pandemia en pleno apogeo derechamente no puedan votar, atendida la imposición gubernamental de no salir a las calles.

Ignoro qué habrá ocurrido en el caso de cada uno de los países que han impulsado procesos eleccionarios en plena pandemia, pero creo poder asumir con seguridad que en la mayoría de ellos se habrá establecido fórmulas para que los pacientes infectados pudiesen, de alguna manera, llegar a votar. El hecho de que se le haya privado arbitrariamente a miles de chilenos de sus derechos políticos, sancionándoseles por el solo hecho de portar una enfermedad que hoy resulta sumamente sencillo contraer, me parece no solo ilegítimo, sino obsceno, inaceptable y contradictorio con los estándares en materia de derechos políticos consagrados en cualquier tratado internacional de esos que Chile se dice tan respetuoso.

En breve, si no se iban a establecer alternativas de voto para los ciudadanos impedidos de concurrir a votar presencialmente, lo mínimo que debería haber hecho el gobierno es prorrogar una vez más la elección.

Tres: el plebiscito padece de ilegitimidad de origen

Resulta curioso que mientras el único argumento de quienes pretenden reemplazar la actual Constitución sería la “ilegitimidad de origen” de esta última, se haga ojos ciegos frente al contexto insurreccional y delictual –impulsado por la izquierda radical con la venia de políticos hasta de centroizquierda– en que se formó la génesis de este proceso constituyente.

Desde luego, la maquinaria propagandística de corte orwelliano no cesa en su afán de revisionismo histórico. Pero lamentablemente, los hechos son los hechos: no olvidemos que la noche en que Piñera realizó frente a todo el país aquel llamado que acabaría convirtiéndose en el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” (hasta el día de hoy me pregunto qué pasó con la parte de la “paz social”), dicha noche, reitero, era la jornada más violenta desde el propio 18 de octubre. Incluso, muchos especulaban sobre el inminente anuncio televisado de un nuevo estado de excepción constitucional ante lo desbordado de la situación en términos de seguridad interior del Estado.

Solo en aquel momento, y eventualmente ante lo que muchos especularon hubiera sido una negativa de parte del Ejército a hacerse cargo del orden público por la “falta de garantías” de parte del gobierno, Piñera, traicionando a sus votantes, su propio programa de gobierno, los intereses generales del país y su mandato constitucional, ofrece la Carta Fundamental como moneda de cambio, como un desesperado intento de salida política al conflicto con miras a frenar la escalada de violencia incontenible que nuevamente azotaba al país (demás está decir, el lumpen no lee el diario y a los revolucionarios que están por la anarquía tampoco es que el tema les importe demasiado).

Poco después el itinerario constitucional continuaba con su respectivo show en el ex Congreso de Santiago, con diputados y senadores realizando su puesta en escena de madrugada y aportando un granito de legitimidad meramente formal al proceso, al concurrir mayoritariamente en un acuerdo político que los comprometía a conceder los quórums necesarios establecidos en la propia Constitución del 80 para dictar una nueva Carta Fundamental (esta puesta en escena, no olvidemos, también se realizó con la ciudad y hasta las propias inmediaciones del ex Congreso en llamas, con la violencia prácticamente asediando sus puertas mientras los honorables todavía deliberaban, y se cernía sobre todos ellos y el país completo la amenaza de que las cosas podrían ir para peor).

Por último, conviene recordar  a qué nos referimos cuando hablamos del contexto de violencia política en el que se encuentra sumido el Chile post 18 de octubre y en el que nace el proceso constituyente, pues pareciera permear en el inconsciente colectivo la vaga noción que “violencia” no significaría más que un grupo de encapuchados revoltosos tirando piedras y a los que simplemente habría que “condenar” moralmente, como si con ello el universo volviera a su balance. Sin embargo, hablamos en la realidad de hechos gravísimos que en cualquier país política, social y psiquiátricamente sano serían considerados actos de terrorismo: incendios intencionales, ataques a infraestructura crítica, asesinatos y colocación de artefactos explosivos. Todo eso y más ocurrió a partir del 18 de octubre, aunque muchos prefieran hacerse los tontos y mirar para el lado.

Curiosamente, no falta por ahí la opinión que pretende equiparar el contexto político del 2019 al de 1973, señalando que las circunstancias descritas no serían tan distintas de la violencia política en medio de la cual se dictó la Constitución de 1980. Esta absurda y poco meditada opinión, sin embargo, lo único que hace es comparar la violencia de un proceso insurreccional con un régimen militar de facto, abstrayéndose del verdadero universo de diferencias existentes entre el contexto histórico, político, social, cultural, económico, militar, internacional y de prácticamente cualquier índole de aquel entonces, y el panorama del Chile republicano de 2019. Por lo demás, tampoco se hace cargo dicho “argumento” sobre cómo sería posible justificar el reemplazo de una Constitución “viciada de origen” por otra que reviste el mismo carácter.

En resumidas cuentas, el proceso constitucional que podría iniciarse hoy es el hijo bastardo de una concepción espuria: el terrorismo y el saqueo, casualmente justificados por muchos políticos y un importante sector de la población –bastante perdido– por supuestas causas sociales y económicas, y que en definitiva nos obligaron a iniciar un proceso constituyente jamás solicitado por nadie.

Cuatro: la mayoría de la población chilena en realidad “no está ni ahí” con una nueva Constitución

Decir que una eventual nueva Constitución no fue solicitada por nadie está lejos de ser una exageración.

Para retomar nuestra breve narración histórica, recordamos que es solo a partir del acuerdo del Congreso que la agenda de la nueva Constitución comienza a tomar fuerza, después de que esta careciera de todo protagonismo incluso en las mismas marchas y protestas que se llevaron a cabo desde el 18 de octubre en adelante –donde los mensajes en las pancartas versaban sobre desigualdad, el costo de vida, educación, salud, pensiones, la salida de Piñera, el aborto y hasta memes carentes de todo significado político–, incluyendo por cierto la multitudinaria movilización de Santiago del 25 de octubre.

Esta última realidad, incluso constatada por sus propios sentidos en diversas marchas por quien suscribe, se corresponde también con lo que de forma indesmentible planteaban los datos duros. Así, las encuestas sostuvieron de forma sistemática durante años que una nueva Constitución estaba lejos de ser una prioridad para los chilenos. Y si pudiese llegar a pensarse que este fenómeno solo se dio hasta el “estallido”, una vez más el dato duro demuestra  lo contrario, pues nada menos que la propia encuesta CEP de enero de este año –la recordada encuesta del 6% de apoyo a Piñera–  señalaba que la Constitución era apenas la decimoprimera preocupación de los ciudadanos, con un magro 7%.

También conviene tener en cuenta otros dos hitos históricos que dan cuenta precisamente de este manifiesto y originario desinterés del grueso de la población chilena por cambiar la Constitución: los sendos fracasos que resultaron ser la campaña “Marca tu voto” en la elección presidencial de 2013, cuando se instaba al electorado a pedir una asamblea constituyente mediante la rúbrica del acrónimo “AC”, así como la promoción de cabildos ciudadanos por cuenta de Michelle Bachelet y que acabó derivando en el proyecto constitucional de Fernando Atria entre 2017 y 2018. Ambos procesos terminaron concitando una participación del 8% y apenas 200.000 personas, respectivamente.

En breve, es así como, una vez más gracias a la maquinaria propagandística de un minoritario sector de la izquierda más radical, y propiciado por el uso de herramientas de manipulación de masas, la desinformación de la población, la sobreutilización de las redes sociales por parte de esta última y el cuestionable apoyo brindado por los medios tradicionales de comunicación a la causa, Chile inicia a partir de las revueltas de octubre un proceso político que en la práctica no había pedido nadie.

Cinco: la gente no sabe lo que vota

No cabe duda de que para votar hay que estar informado, y si este principio representa una realidad tratándose de cualquier proceso eleccionario, desde luego cobra mayor importancia tratándose de la que, nos han dicho, es la “elección más importante de la historia”.

Afortunadamente quien suscribe no es un político, ni un periodista ni un rostro televisivo ávido de aprobación popular, de manera que puedo afirmar con propiedad, y una vez más amparado en estadísticas, lo que tal vez resulte ser políticamente incorrecto: la mayor parte de la población chilena es ignorante y vota por el eventual cambio de Constitución totalmente desinformada.

Podríamos incluso ir más allá y recordar, una vez más empíricamente, que más del 40% de los chilenos carece de habilidades básicas de lenguaje y matemática así como de resolución de problemas, lo que evidentemente pinta un panorama en el que la población no posee pensamiento crítico y resulta propensa a fenómenos como la post-verdad y las fake-news, pero por ahora ciñámonos a lo que dice estricta relación con nuestra característica y generalizada ignorancia cívico-política.

Nuevamente, según la CEP del 6% de inicios de este año, nada más ni nada menos que un 56% de los encuestados creía que una nueva Constitución ayudaría a resolver los problemas de Chile.

Ahora, si se prefiere un barómetro más reciente, consideremos el sondeo de la Universidad del Desarrollo publicado en la edición del 8 de octubre de La Tercera, donde se le pregunta a los encuestados si creen que una nueva Constitución ayudará a mejorar la economía, la educación, la salud y las pensiones. En dicha medición, en promedio, un 70% de los encuestados estuvo muy de acuerdo o bien de acuerdo con que una nueva Constitución ayudaría a mejorar cada uno de dichos problemas. Curiosamente, cuando se les preguntaba si una nueva Constitución ayudaría a resolver la crisis del sistema político (la máxima posibilidad a la que realistamente un nuevo texto constitucional podría apuntar), dicha proporción de opinantes fue la más baja, con un mero 57%.

Que no se me malinterprete: en caso alguno caería en la soberbia de señalar que abogar por una nueva Constitución es sinónimo de desinformación o ignorancia. Sí lo es, sin embargo, creer que una Constitución ayudará a resolver dichos problemas, desconociendo las funciones básicas de una eventual nueva Carta Fundamental así como la realidad de las posibilidades jurídicas, políticas y económicas a las que esta podría aspirar.

Por último, le sugiero que haga una encuesta propia y salga a la calle a preguntar a cualquier persona si sabe lo que es una Constitución, cuál es su función y, al margen del eslogan “es de Pinochet”, cuáles serían los problemas de los que la Carta actualmente vigente adolecería. O al menos haga una búsqueda en YouTube y asómbrese con los resultados de los ejercicios de este tipo que otras personas se han tomado la molestia de realizar antes. Es muy probable que llegue a sentir vergüenza ajena.

Mientras activistas de izquierda radical como el profesor de Valparaíso Jaime Bassa abogan por la ignorancia de la gente, llamando a votar incluso sin haber leído la Constitución y sosteniendo que no es realmente necesario entender de qué se trata la cuestión para votar, no puedo personalmente sino lamentarme por la cruda realidad: pocas cosas le han hecho tanto daño a nuestra sociedad como la falta de formación y educación cívica.

En suma, a pesar de que nadie pedía realmente una nueva Constitución, la mayoría de los chilenos habrá ido a votar simplemente porque se les ha convencido de que han de hacerlo en una elección que resulta ser, al fin y al cabo, impuesta e ilegítima.

Seis: hay incertidumbre absoluta sobre las normas básicas que regirían un proceso constituyente

Para cualquier juego que se pretenda desarrollar –en este caso el juego “democrático” de discutir una nueva Constitución–, resulta no un lujo, sino una necesidad básica el saber con claridad cuáles serán las reglas que van a guiar dicho juego. Luego, más importante aún es saber cuáles serían tales reglas a fin de elegir primero si efectivamente se va a llevar adelante dicho juego o no.

Con todo, lo cierto es que en Chile el despelote es tal que hasta la propia casta política carece de certeza a la hora de explicar las reglas de funcionamiento del proceso constituyente en caso de ganar la opción “apruebo”. Y no hablo de incertidumbre respecto de minucias, sino de normas básicas y fundamentales que resultan trascendentes; del nivel de no saber si para llevar a cabo un partido de fútbol se ha de jugar con las manos o con los pies.

Esta falta de certeza respecto de normas básicas de funcionamiento muchas veces da cuenta no tanto de la inoperancia y falta de rigor intelectual de quienes pretenden constituirse en protagonistas del eventual proceso constituyente, sino de lo que resulta ser de plano su mala fe.

En este último sentido, podemos mencionar solo a modo ejemplo la cuestión sobre la famosa regla de los 2/3, respecto de la cual gente como Allamand y Atria, con sus respectivos sectores políticos detrás, mantienen diferencias interpretativas fundamentales (al margen de la evaluación que pudiese hacerse de cada una de estas figuras, una de dichas interpretaciones, evidentemente, se hace desde la buena fe y guarda relación con el espíritu general del texto acordado, mientras que la otra se ampara en la trampa y el ánimo de imponer una derrota política al rival).

En similar sentido puede mencionarse también la incertidumbre respecto a cómo podría funcionar la Convención Mixta en caso de que dicha opción ganara, atendido el hecho de que, para efectos de satisfacer esa injusta e ilegítima regla eufemísticamente llamada “paridad de género”, prácticamente la totalidad de las mujeres en el Congreso tendría que pasar por secretaría a dicha Convención, abandonando de paso el mandato soberano que se les entregó al momento de elegirlas diputadas o senadoras.

Que en el día del propio plebiscito aún no se sepa cómo se va a resolver la composición del eventual órgano constituyente, ni cómo se va a discutir y aprobar un eventual nuevo texto constitucional, da cuenta de la descomunal ilegitimidad, incertidumbre y grado de improvisación con que se ha gestado este proceso desde el día uno y que con toda seguridad acompañará al mismo hasta su eventual desenlace.

Por lo demás, conceder la resolución de todos estos futuros problemas a la esperanza de que todo se vaya a zanjar simplemente conversando de buena fe (máxime en el contexto de insurrección y polarización político-social de estos días) o delegando a la labor de la famosa “comisión técnica” es simplemente pecar, para mantener las sutilezas, de cándido.

Conclusión

Que para el día de la votación casi diez millones de habitantes se encuentren en cuarentena, que a cientos de miles de ellos se les haya privado de sus derechos políticos, que el proceso padezca de ilegitimidad de origen, que nadie lo haya pedido, que la población vote desinformada, y que se vote sin saber cómo funcionarán las reglas del juego, está lejos de ser una enumeración taxativa cuando se trata de demostrar que este es un proceso mal hecho de principio a fin.

Esta columna podría extenderse ad eternum agregando a la lista otros tantos elementos, como el hecho de que en caso de ganar la opción de la Asamblea Constituyente será un mero Congreso paralelo con expolíticos y rostros televisivos designados por los partidos y cuyo ingreso resultará dificultoso para los independientes, como el hecho de que en caso de ganar la Comisión Mixta estará integrada en un 50% por miembros del peor Congreso de la historia, que el nuevo texto constitucional –con todas las complejidades que implica su discusión– tendrá que ser resuelto en el insólito lapso de un año, que las reglas de votación para elegir a los miembros del órgano constituyente y sus cuotas atentan flagrantemente contra la igualdad ante la ley, que la izquierda intentó pasarse de lista y en su momento pretendió conseguir que hasta adolescentes de 16 años pudieran ir a votar, que la violencia extrema en las calles se sostuvo hasta días antes del plebiscito, que se amenazó explícitamente con la necesidad de aprobar una nueva Constitución so pena de que se desataría una nueva oleada de violencia, etc.

¿Realmente hace falta derrochar más bytes?

Cuatro escenarios sobre el futuro de Naciones Unidas

Bandera de la ONU (imagen de dominio público).

La siguiente es una traducción propia del artículo “Four scenarios on the future of the United Nations”, originalmente escrito por Keith Suter y publicado en la web de la organización “Democracia Sin Fronteras”.

El artículo resulta digno de difundir y analizar atendido no solo el actual contexto geopolítico, con la pandemia del COVID-19 en curso y la inminente celebración del 75° aniversario de la ONU este 24 de octubre, sino también dada la distinguida autoría del texto.

En razón de la licencia que Democracia Sin Fronteras me ha concedido para traducir el mismo, la cual exige no hacerle modificaciones a este último, he decidido publicar esta traducción como un post individual en el blog. Mis comentarios sobre el artículo serán hechos en una entrada aparte.

Cuatro escenarios sobre el futuro de Naciones Unidas

Por Keith Suter

Los preparativos para el 75° aniversario de la ONU, el 24 de octubre de 2020, están en marcha. Se trata de una de las organizaciones internacionales más antiguas jamás creadas, habiendo durado hasta el momento cerca de tres veces más que su predecesora, la Liga de las Naciones.

La planificación de escenarios nos permite salir de nuestras zonas de confort y pensar más ampliamente sobre un problema. Los escenarios se tratan de futuros “posibles”. No son predicciones o lo que uno preferiría ver.

Aquí hay cuatro escenarios sobre cómo la ONU podría evolucionar. Han sido extraídos de mi libro del 2003 sobre escenarios de gobernanza mundial titulado “Orden Mundial y Desorden Mundial”.

Escenario 1: “Estado estacionario”

En este escenario los gobiernos nacionales permanecen en control de su destino y no están dispuestos a trabajar conjuntamente en problemas comunes. Esto implica que a pesar de toda la discusión sobre gobernanza mundial, la estructura básica del Estado nación continuará: puede tener sus problemas, pero esta es la mejor de las opciones. La soberanía nacional está aquí para quedarse porque los gobiernos no están dispuestos a entregarla.

La ONU estará para ayudar a recoger los pedazos, pero de otra manera los políticos no esperarán que haga mucho. Seguirán fomentando que la ONU carezca de recursos financieros. Disneyland, por ejemplo, tiene más empleados que la Secretaría General de la ONU.

Escenario 2: “Estado mundial”

En este escenario los gobiernos nacionales, mientras permanecen en control de su destino, están dispuestos a trabajar juntos en problemas comunes a través de la ONU, y esto evoluciona gradualmente hacia alguna forma de gobernanza mundial. Este escenario se basa en que no existen soluciones puramente nacionales a problemas transnacionales, y por lo tanto los gobiernos deben trabajar juntos a través de alguna forma de gobernanza global para resolver problemas comunes.

Cómo el mundo evoluciona hacia alguna forma diferente de gobernanza aún no está claro. Hay tres formas de tratar de unir a los países:

  • Enfoque federalista: implica la decisión deliberada de parte de los gobiernos nacionales para transferir ciertos poderes (como mantener fuerzas armadas) a un gobierno mundial/de la ONU mientras retienen otros poderes (como establecer leyes relativas a la propiedad) para sí mismos.
  • Enfoque funcionalista: implica la creación de más agencias mundiales (como la Organización Mundial de la Salud) para manejar una función particular (como la salud) ya que expertos pueden cooperar en un ambiente políticamente menos sesgado, y eventualmente el mundo será cubierto por una red de agencias de ese tipo operando bajo la ONU.
  • Enfoque populista: implica la creación de movimientos tipo comunidades de base (grassroots) para establecer un gobierno mundial democrático directamente responsable frente a la gente de todo el mundo, y en el intertanto generar ideas para el gobierno mundial  así como una ola o marea en su favor, como la campaña para una Asamblea Parlamentaria de la ONU.

Escenario 3: “Tierra S.A.”

En este escenario los gobiernos nacionales pierden el control sobre sus países y las corporaciones transnacionales llena el vacío.

Con el declive de la ONU y el sistema de estados nacionales, las únicas organizaciones capaces de conducir el ritmo de cambio son las corporaciones transnacionales, que entonces atan el mundo en un único mercado mientras llenan el vacío gubernamental y de la ONU.

Los gobiernos nacionales no necesariamente desaparecerán (de la misma forma que el surgimiento de los gobiernos nacionales no necesariamente provocó que todas las formas de gobierno local desaparecieran). Pero los gobiernos nacionales y la ONU necesitarán acostumbrarse al hecho de que el sistema del Estado nación ha terminado y que las corporaciones son el jugador más importante en los asuntos mundiales.

Con el dinero como medida de todas las cosas, la identidad nacional deja de ser un gran problema (excepto donde puede ser commoditizada, como corporaciones manufacturando apoyo para equipos deportivos). La gente son principalmente consumidores o aspirantes a consumidores más que ciudadanos patriotas.

Escenario 4: “Estado salvaje”

En este escenario los gobiernos nacionales pierden el control sobre sus respectivos países, la ONU no puede llenar el vacío de gobernanza, y las corporaciones transnacionales no quieren hacerlo. Hay un creciente caos.

Este es el escenario “de pesadilla”, en el cual los estadios nacionales se derrumban, hay un incremento de “Estados fallidos”, movimientos masivos de gente, crecientes problemas ambientales y de salud, y desastre climático.

Los escenarios anteriores son todos demasiado optimistas; se enfocaban demasiado en el orden más que en el desorden. En este escenario cada país tendrá que hacer lo mejor que pueda con lo que tenga, ya que no podrán apoyarse en nadie más buscando asistencia.

La situación actual es “todo como siempre”, pero hay señales del “Estado salvaje” emergiendo. Estas incluyen: aumento de políticas públicas y políticos nacionalistas, una reticencia a trabajar juntos en problemas comunes (como el cambio climático), un colectivo olvidando las condiciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial (como la xenofobia  y las guerras comerciales), y a nivel personal un retiro hacia preocupaciones autoindulgentes y self-absorbed de parte de gente que prefiere ignorar los problemas globales y en cambio ser absorbidos por los deportes y el entretenimiento.

Conclusión: 75° Aniversario de la ONU

El 75° aniversario de la ONU será una buena oportunidad para discutir la importancia de la organización. Los cuatro escenarios proveen una panorámica general sobre el futuro de la ONU, una advertencia de lo que podría ocurrir si la ONU no florece, y un aliciente a pensar en lo impensable. Cualquiera sea tu causa, es una causa perdida si la ONU no puede funcionar plenamente.

Keith Suter (1948) es consultor en planificación estratégica y miembro del Club de Roma.

La ideología de la corrupción (o cómo defender a 437 mil sinvergüenzas)

Hay conceptos en política que, preparados de antemano cuidadosamente por asesores, o expulsados intempestiva y directamente desde el circuito cerebro-lengua del propio interlocutor, acaban instalándose para bien o para mal en la memoria colectiva.

Un millennial chileno podría recordar varios acuñados justamente durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. “El jarrón”, “femicidio político”, “el legado” y la recientemente revivida “bacheletista-aliancista” fueron joyas retóricas creadas durante la época de oro de la Concertación.

Mi favorita, sin embargo, es la entrañable y –por qué no decirlo– histórica “ideología de la corrupción”, parida por el otrora senador y presidente del PPD, Jorge Schaulsohn. A ella quisiera dedicar unas palabras en esta ocasión.

Primero situemos el contexto. Eran otros tiempos: los tiempos de Camilo Escalona y Carlos Larraín; de la Concertación y de la Alianza por Chile. Años cándidos en que las grandes preocupaciones instaladas en la palestra política no pasaban de ser cuestiones francamente domésticas. Hablamos de catorce años atrás: Pinochet acababa de morir y Giorgio, Gabriel, Camilita y Karolín apenas habían colgado sus uniformes escolares en el perchero mientras se formaban con sus primeros libros: El Manifiesto Comunista Ilustrado y Coloreando con Karl Marx.

Era una época en que los gobiernos de la Concertación, al margen de sus aciertos económicos, ya acumulaban un funesto y extenso prontuario de casos de corrupción, entre los que podemos enumerar –en una lista ni cerca de ser exhaustiva y ciertamente sin orden de prelación alguno–: MOP-Gate, Publicam, Chiledeportes, EFE, INDAP, Inverlink, los Programas de Generación de Empleo y, en general, diversas manifestaciones de lo que más tarde se llamaría eufemística y benignamente “malas prácticas”, tales como clientelismo, cuoteo, financiamiento de campañas con platas públicas y anquilosamiento de operadores políticos en el aparato estatal que persisten hasta el día de hoy.

Eran otros tiempos.

Volviendo a “la ideología de la corrupción”, el concepto vio la luz en una entrevista concedida por Jorge Schaulsohn a El Mercurio justamente en diciembre de 2006. En ella, el legislador denunciaba que, amparándose en la supuesta concentración del poder económico de aquel entonces en manos de la derecha (lo que ciertamente era y sigue siendo falso), sus propios compañeritos de coalición realizaban en privado toda clase de contorsiones filosóficas y dialécticas a fin de justificar sus corruptelas, en lo que representaba a fin de cuentas una suerte de actuar loable para emparejar la cancha. En palabras simples, razonaba un político de la Concertación según Schaulsohn, si mi adversario de derecha –el mal– tiene plata, y yo –el bien– no, me es lícito estirar la mano a fin de situarnos en igualdad de condiciones.

Malas artes mediante –a quién le importan dichas sutilezas–, la Concertación se adelantaba a su tiempo y hacía suyo el igualitarismo radical que tardaría años en tomarse la agenda política chilena junto a otras modas como el feminismo de cuarta ola y el indigenismo.

Después de publicada la entrevista (cuya lectura completa recomiendo encarecidamente por estos días, máxime cuando varios de esos personajes aún sobreviven en pleno 2020 y proponen con total desparpajo redactar una nueva Constitución) por cierto que Troya ardió. Don Jorge fue catalogado como mentiroso y traidor –en el mejor de los casos–, fue expulsado por esa curiosa invención institucional que es el Tribunal Supremo de un partido, y quiso enmendar el rumbo formando un nuevo referente, solo para terminar autoexiliándose en Estados Unidos, desde donde hoy tuitea reflexiones que se asemejan extrañamente a unas especies de haikus políticos (con barras diagonales separando versos y todo) y que a veces me hacen dudar si acaso Patricio Navia no se habrá tomado su cuenta. Sad but true.

Anyway, esa es otra historia.

Del 2006 al 2020: reivindicando la ideología de la corrupción

La razón por la que he extraído “la ideología de la corrupción” del baúl de los recuerdos es que fue precisamente dicho concepto y toda la entelequia filosófica detrás lo que se me vino a la cabeza cuando me enteré, con pesar, de que 437 mil personas habían falseado sus ingresos frente al Servicio de Impuestos Internos a fin de obtener el bono de clase media de manera indebida, así como las más inverosímiles justificaciones éticas que al respecto se esgrimieron.

No pocos compatriotas han querido defender la verdadera aberración moral y jurídica que significó dicho acaparamiento a través de dos argumentos. De hecho, es posible que incluso el lector o algún conocido suyo haya llegado a coquetear con alguna de estas ideas.

Al primer argumento le llamaremos la defensa del hurto famélico, al otro justamente la defensa “ideología de la corrupción”.

Partamos por el primero, bastante autoexplicativo por lo demás. Según quienes esgrimen esta idea, la defraudación de esos 437 mil honrados trabajadores se justificaría de forma similar a como se defiende al que muriéndose de hambre y no teniendo dinero roba comida: en tiempos de necesidad, la acción dolosa a ejecutar no revestiría tanta gravedad, toda vez que se estaría evitando un mal urgente que no permite sino tomar medidas drásticas e incluso derechamente ilícitas.

Desde luego esta falacia pretende desconocer la posibilidad de arreglárselas de forma lícita y honesta en medio de la adversidad, como simplemente lo hacen otros tantos millones de seres humanos.

Además, el argumento suele ir de la mano con la defensa Johnson’s y la defensa Penta (“el SII le condonó millones a Johnson’s y le joden la vida a 437 mil trabajadores”, “a Délano y Lavín los mandaron a clases de ética”), relativizando así lo que es estrictamente delictivo e ilustrando a la perfección el clásico doble estándar del chileno o, en menos palabras, nuestra hipocresía.

Desde luego, esta “defensa” no representa más que un simplismo ramplón, similar al de quien justifica bajo ciertos peculiares supuestos la destrucción de propiedad ajena  o pública, e incluso el daño a la integridad física y psíquica de otras personas junto con la lesión de otros derechos fundamentales, so pretexto de ciertas distorsiones históricas –que rayan en lo orwelliano– o incluso de la realidad más reciente.

En cuanto al segundo argumento, esto es la defensa “ideología de la corrupción”, aquel no solo guarda relación con lo que en el fondo denunciaba Schaulsohn, sino precisamente con esta última idea de que estaríamos frente una suerte de devuelta de mano histórica. Así, en opinión de algunos, como “nos han” (un colectivo bastante difuso) metido el dedo en la boca durante años, existiría una suerte de compensación moral. En pocas y coloquiales palabras: si ellos tienen plata, yo también puedo y debiese tener. Si ellos han robado, yo también tendría “derecho” a robar.

Curioso, por decir lo menos, dadas las incontables funas que la sociedad civil ha practicado de forma sistemática durante la última década tanto en contra de políticos como de empresarios a causa de colusiones, elusiones, evasiones y robos.

Los 437 mil sinvergüenzas

En cualquier caso, resulta interesante detenerse en la fisionomía de ese grupo de 437 mil chilenos.  Porque si bien es posible que en ciertos casos se pueda tratar de gente que efectivamente se encuentra en una situación económica apremiante –lo que en todo caso, insisto, en caso alguno justifica la falsificación de los datos y la obtención indebida de esos dineros–, 37 mil nada más ni nada menos pertenecerían a esa privilegiada casta denominada sector público, esa que cuenta con trabajo asegurado y que, a pesar de esmerarse en propagar falsedades de la entidad de “el Estado es el peor empleador”, gana un 75% más que los demás trabajadores del país y vio sus sueldos aumentados en un 172% solo entre 2005 y 2015.

Esta casta es más variopinta de lo que se cree. No se trata necesariamente, como alguien erróneamente podría pensar, de trabajadores de oficina laborando para algún servicio o SEREMI. En tal sentido podríamos mencionar, por ejemplo, los médicos y trabajadores de la salud pública, varios de los cuales son manifiestos operadores políticos del PC antes que profesionales. Hablo de médicos que hasta antes de la pandemia se dedicaban a tomar cafecito, cantar canciones de Silvio en los consultorios y a tirar licencias médicas truchas, y que ahora se felan entre sí y se dedican mutuamente ilustraciones de superhéroes en Instagram por tener que trabajar. He llegado a ser testigo de oídas de casos en que médicos, entre risas, manipularon sin asco los sistemas en sus respectivos consultorios con tal de percibir el dichoso bono.

También me parece especialmente destacable e ilustrativo de la podredumbre moral que se ha apoderado de Chile el caso de un funcionario de educación que, supongo que demostrando más dotes de humorista que de educador, quiso salir jugando de ocurrente y gracioso al responder el correo del Servicio de Impuestos Internos en que se requería la devolución de los montos, invocando nada menos que a Ponce Lerou. Dicho correo, entiendo, se hizo viral. Pero como la desfachatez ya es virtud en un país atolondrado y adicto a la celebración de cualquier estupidez emergida de las redes sociales, el joven no solo se quedó en el sardónico mensaje escrito, sino que se grabó en un video posterior y hasta apareció en noticiarios, repitiendo precisamente varios de los puntos que ya se mencionaron párrafos atrás.

Este último caso puntual lo menciono no porque me parezca especialmente deleznable la sinvergüenzura manifiesta de quien, muy suelto de cuerpo, al final dice “bueno, si tengo que devolver la plata devolveré”, casi como si estuviera haciéndonos un favor, sino precisamente por el ámbito en que se desenvuelve profesionalmente. De nuevo, me consta (y esta vez, tristemente, de forma personal) que la educación pública chilena está infestada por gente de esta calaña, presas de la deconstrucción que no solo le hacen el quite a las evaluaciones docentes como gato roñoso al agua, sino que se dedican sistemáticamente a lavarle el cerebro a adolescentes perdidos mientras pregonan su propia degeneración ética e ideológica.

Está claro, como ha dicho más de algún lúcido analista, que la crisis en Chile es de orden moral.

Para rematar, ha emergido mediáticamente también la voz de la presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, quien milita en un partido integrante (¡sorpresa!) del Frente Amplio. Claramente necesitado de la emergencia de nuevos liderazgos, y en un típico afán por conseguir mayor adhesión popular mediante el populismo, bien la coalición, bien el partido “Convergencia Social”, han tenido la osadía de proponer nada menos que un “perdonazo”. De nuevo, la defensa Johnson’s. “¡¿Y cómo él?!”.

Por lo demás, si se le concedieran esos 500 mil pesos a 437 mil sinvergüenzas, ¿por qué no a todos los chilenos de clase media? ¿O se trata solo de premiar a los “más vivos”? ¿No es suficiente la romantización del lumpen en las calles, que ahora hay que celebrar incluso a quienes alteran sus cifras para apropiarse indebidamente de platas públicas?

En fin. Supongo que es sencillamente imposible pedirle peras al olmo, y exigirle altura republicana a la coalición liderada por Beatriz Sánchez, una coalición esencialmente populista e infantil en lo que ya es de por sí una casta política en decadencia, es como pedirle compromiso democrático a los susodichos y al PC. Simplemente un imposible.

Virtud a la chilena

Al margen de la actitud deleznable de los políticos o los funcionarios públicos, voy finalmente al que me parece es el gran tema de fondo: el precioso doble estándar que caracteriza al chileno medio, ese ser experto en pontificar y pregonar virtud en las redes sociales y en las sacadas de vuelta con los compañeros de oficina, pero que en los hechos pareciera ser no muy distinto del político o empresario al que con mirada inquisidora y dedo acusador apunta de manera constante. Hablo del típico chileno, el que pretende ser Finlandia, Noruega o Nueva Zelanda comportándose como caudillo corrupto del África subsahariana.

En un ánimo de seguir recordando cosas de un pasado relativamente remoto, la situación me evoca un seguramente también recordado video viral de manufactura argentina, en el que la voz solemne y apesadumbrada del locutor, después de encender el ventilador contra sus propios políticos corruptos, acababa por condenar a la sociedad trasandina toda por lo que lamentablemente parece ser, en general, la idiosincrasia de las sociedades latinoamericanas. El “conmovedor mensaje a los argentinos” de C5N parecía ser más bien un conmovedor mensaje dirigido a todas las naciones del continente.

Por lo mismo siempre me ha parecido gracioso el púlpito de superioridad moral desde el cual muchos chilenos critican a sus políticos, empresarios y a veces incluso colegas. Oyen en los titulares la frase “boletas ideológicamente falsas”, rasgan vestiduras y comienzan a botar espuma por la boca rabiosamente, casi como si de un condicionamiento pavloviano se tratase.

Así y todo, ¿no es cierto que si un chileno promedio tuviera la oportunidad de hacer lo mismo, probablemente lo haría? ¿No es cierto que un dueño de negocio, grande o pequeño, trata de pagar tan pocos impuestos como puede buscando la pillería? ¿No es cierto que hecha la ley hecha la trampa? ¿No es cierto que nos encanta hablar de la viveza criolla? ¿No es cierto que muchos –demasiados– intentan hacer chanchullos a diario en sus propios trabajos? ¿O en el transporte público? ¿No es cierto que muchos –demasiados– desean maximizar sus ganancias de forma egoísta a costa de ese algo intangible llamado sociedad? ¿No es cierto que los mismos operadores políticos servidores públicos que se consideran “limpios” y con credenciales éticas para condenar al resto, pregonan una falsa empatía con “la gente” primero, para percibir unos sueldos millonarios groseramente inflados y a costa de esa misma gente después? ¿No es cierto que lo que dice la voz en off en aquel video es tan aplicable a los autores del tango “el que no afana es un gil” como a la propia sociedad chilena?

Por supuesto que estirar la mano al erario nacional es un pecado que debiese ser sancionado con linchamiento y decapitación en la plaza pública, después de todo nos están metiendo la mano en el bolsillo a todos los chilenos… PERO siempre y cuando el hechor pertenezca a esa difusa categorización denominada “privilegiados”, porque bien sabe Dios que ha de mirar para el lado cuando es uno, caso en el que sí está permitido ser deshonesto y en el que lo más probable es que a ese humilde hijo de vecino autor del fraude no le anime la creencia de que le está metiendo la mano en el bolsillo a todos los chilenos, sino a una cosa abstracta y difusa llamada erario nacional y por tanto, a fin de cuentas, no le está robando a nadie.

Esta no es una equiparación de males, que no se me malinterprete. Por supuesto que un fraude o colusión que involucra cifras multimillonarias es más grave, tanto desde el punto de vista económico como jurídico como de la fe pública, que el robo de un televisor durante una revuelta, una Negrita durante una visita al supermercado, o la declaración fraudulenta de un monto relativamente insignificante frente al Servicio de Impuestos Internos (individualmente considerado, pues no olvidemos que al final igual estamos hablando de millones de dólares). Pero ese no es el punto, y quien quiera argumentar maliciosamente desde dicha perspectiva evidentemente pierde el foco de la discusión.

Al final del día la reflexión es de índole cívica, o si quieren, por qué no, moral. Dice relación con la clase de ciudadanos que efectivamente somos o queremos ser, con nuestra decencia, honestidad y nuestro verdadero (o no) compromiso con la “dignidad” y todos esos valores que sin empacho alguno se cacarean tan profusamente a través de redes sociales y pancartas a la hora de salir a saltar, bailar y cantar por las calles con una Báltica en la mano “el que no salta es paco”.

Si Ghandi pudo llevar a cabo una revolución en contra de un régimen tiránico sin disparar un arma, no creo que sea mucho más difícil impulsar el combate contra la corrupción y la putrefacción de nuestras instituciones simplemente evitando tomar lo que no es de uno (y ojalá, de paso, sin quemar nada).

Es cierto que los tiempos han cambiado (¿han cambiado realmente?) y lo que hoy está en juego no es la legitimidad de la coalición gobernante de turno y el eventual traspaso del testigo a sus correligionarios, sino la legitimidad de toda nuestra institucionalidad e incluso democracia. Sin embargo, nuestro país parece haber hecho suyo y sin asco el artificio creado hace décadas por la Concertación, y la consigna resulta plenamente aplicable. En los tiempos que corren, pareciera que la sociedad completa al fin oficializa su abrazo de la ideología de la corrupción.