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El día después: conclusiones preliminares sobre la elección de constituyentes

Lo sucedido la noche de ayer fue una debacle para la derecha apabullante e inesperada. Como decía Tomás Mosciatti, es la mayor derrota desde la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970, que le dio la primera magistratura a Allende.

Fueron pocos (entre ellos una de las escasas políticas hábiles de la derecha, Evelyn Matthei, que previendo la que se venía se bajó a tiempo), fueron pocos, digo, los capaces de predecir semejante ridículo electoral. Lo cierto es que rasgaban y rogaban por conseguir el tercio en la asamblea constituyente incluso hasta bien entrados en la segunda jornada electoral, pero claramente se quedaron cortos y por mucho más de lo que hasta el más agudo analista hubiera esperado (algunos columnistas, los más sensatos y experimentados, simplemente prefirieron no arriesgarse con pronósticos y esperar).

Agreguemos al panorama el hecho de que varias alcaldías importantes no solo fueron perdidas, sino que entregadas ni más ni menos que al Frente Amplio y el Partido Comunista, ambos de evidente e incuestionable raigambre marxista. Para más remate, otras comunas insignes regentadas por la izquierda radical –como Recoleta y Valparaíso- que se esperaba pudiesen ser arrebatadas, no solo mantuvieron en el poder a sus caudillos, sino que con un apoyo amplísimo.

La resaca aún está demasiado fresca como para hacer análisis electorales pormenorizados, profundos y serios (del irreflexivo e hiperactivo terreno de los actores políticos no hablemos, que solo tienen unos días más para definir sus movidas presidenciales). Sin embargo, advierto algunos fenómenos que muchos parecen pasar por alto en medio de estas afiebradas impresiones preliminares, supongo que por la propensión tan típicamente chilena a perderse entre tanto árbol y no ver el bosque.

La cantinela de los independientes y el panorama que viene

Una de las consignas más repetidas es que los grandes ganadores de esta elección fueron, sorpresivamente, los independientes.

Qué duda cabe: basta mirar los números para advertir que los independientes, contra todo pronóstico, obtuvieron más votos y escaños que los “políticos de siempre” que se esperaba que triunfaran.

Esta observación un tanto banal se está viendo acompañada, a su vez, de algunas elucubraciones accesorias y muy repetidas, a saber, que aquello es una muestra de la desafección que los ciudadanos sienten respecto de los partidos y políticos tradicionales; que el clivaje izquierda-derecha se está quedando anticuado y que esta conformación electoral dispersa sería el reflejo de una sociedad chilena nueva y diversa; que -producto de lo anterior- la lógica binominal de los grandes conglomerados antagónicos habrá de ceder en favor de una suerte de verdadera y nueva política -la del arte del debate, las negociaciones, el convencimiento y los acuerdos-; y que no todo está perdido para la derecha, pues podría conseguir su anhelado tercio para “bloquear” si logra convencer a unos cuantos de esa gran masa mayoritaria de independientes, que vendrían a ser una suerte de pozo de apoyos neutrales al cual todas las fuerzas políticas podrían echar mano.

Todo esto, por cierto, va envuelto en un cariz de optimismo y romanticismo, incluso de parte de votantes de derecha apesumbrados y renegados que ven en la asunción de una limpia y contundente derrota electoral una suerte de ejercicio de nobleza.

De todas las elucubraciones anteriores, hay una que reivindico totalmente y otra que, sin embargo, me parece demasiado absurda como para ser siquiera sugerida.

Partiendo por la primera, si hay una interpretación con la que malamente podría estar alguien en desacuerdo es que los resultados de esta elección representan un gigantesco voto de castigo en contra de los partidos y políticos tradicionales, dado que los ciudadanos parecen haber sucumbido a la idea un tanto marketera de que los “ciudadanos comunes y corrientes” representan una mejor alternativa que los “políticos de siempre”.

Lo que demasiados votantes parecieron obviar -y más de algún analista también parece obviar en los actuales análisis- es que muchos de estos “ciudadanos comunes y corrientes” son, en el mejor de los casos, “independientes”, no neutros; y en el peor de los casos son meros operadores políticos disfrazados, no “ciudadanos comunes y corrientes”.

La distinción entre independencia y neutralidad puede parecer un tanto trivial, pero atendida la sorprendente confusión que tantos siguen demostrando, es algo que se debe recordar y recalcar desde ya: ser independiente –haber sido elegido por fuera de los partidos- no significa ser políticamente aséptico, como si acaso fuese posible competir en una lucha por el poder y promover cambios estructurales sin tener ideas políticas igualmente radicales. Y en este caso se da la “coincidencia” de que, claramente, esta gran masa de “independientes” es proclive a ideas políticas de raigambre marxista.

Dicho en pocas palabras, estos “independientes”, que se muestran como simples ciudadanos honestos y virtuosos, cercanos al pueblo y cuyo único norte sería ayudar a la señora Juanita, en la realidad se autodefinirán en el mejor de los casos como progresistas, y en el peor, de plano, como marxistas (muchas veces de seguro andarán algo perdidos en su propia definición, presa de la ignorancia en política, economía y derecho; aguarde por el circo que nos depara). Sin ir más lejos, estoy convencido que si alguien decidiese realizar un estudio y armar una suerte de nube de tags (o hashtags) que aglutine a esta gran masa de constituyentes, con sus slogans, propuestas y declaraciones (por cierto que sería un interesante experimento), lo que emergería es indudablemente una lista encabezada por conceptos como dignidad, pueblo, Estado, derechos sociales, justicia social, estallido social, plurinacional, feminista, animalista, derechos reproductivos, pueblos originarios, pensiones, migración, derechos de aguas, AFPs y modelo neoliberal.

¿Ya dije dignidad?

Lo anterior nos lleva a la segunda elucubración previamente señalada y que quisiera comentar, y que he llegado a calificar de absurda, cual es que no todo estaría perdido para la derecha pues podrían sacar de aquel gran pozo llamado “independientes” agua para su molino.

Sorpresa: esos independientes, cuyos rostros, aros, tatuajes y ropas basta mirar para comprender la clase de ideas y visión de mundo que representan, no son y no serán ni remotamente proclives a las ideas de derecha, o acaso a cuestiones tan básicas que apenas merecerían reparo en cualquier país civilizado, como el crecimiento económico, el derecho de propiedad o la eficiencia del Estado.

A riesgo de ser majadero, lo reiteraré en pocas palabras: estos “independientes” no son un pozo de libre disposición al que se pueda echar mano; no son un grupo de constituyentes a los que la derecha podría simplemente convencer para conseguir un hipotético tercio. Son gente cuyo domicilio ideológico está junto con las demás listas de izquierda, sobre todo comunistas y frenteamplistas. Son los que votarán por cambiar el régimen de aguas, impondrán royalties salvajes y no tendrán empacho alguno en afectar el derecho de propiedad, afectación que en el abstracto mundo de las ideas no suena tan mal para el votante promedio que simplemente se levanta cada mañana a trabajar y quiere “dignidad”, pero que en los hechos demostrará haber tomado la peor decisión que podría haber tomado.

No me cabe duda tampoco de que, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, muchos de los votantes sencillamente no saben por lo que votaron y nada más fueron seducidos por los disfraces de animador de cumpleaños y la retórica fácil, convirtiéndose en presa del marketing político y la negligencia de la que es probablemente la peor clase política de la historia chilena. Otra forma de decirlo en términos sencillos es que la gente votó por constituyentes independientes para castigar a los partidos políticos -tanto de izquierda como de derecha-, no porque comulguen con las ideas progresistas y marxistas que –sin saberlo- los primeros representan.

Esto, por supuesto, al Frente Amplio y al Partido Comunista les da igual. Ellos harán lo que tienen que hacer y ostentarán merecidamente su triunfo electoral, arrogándose –y este es probablemente el efecto más importante de toda esta elección- la representatividad de un porcentaje importante de la sociedad chilena. Bien sabemos que votó apenas el 40% del padrón, lo que arroja serias dudas sobre esta pseudo-radiografía sociopolítica, pero bueno, son las reglas del juego y la izquierda naturalmente jugará sus cartas.

A la hora de publicar esta columna las reacciones de la derecha siguen siendo prácticamente inexistentes. Reina un silencio mortuorio y transversal: desde el propio Presidente –cuyas declaraciones han sido escasas y escuetas- y sus ministros hasta sus otrora compañeros de gobierno –líderes de partido, diputados, senadores, candidatos, etc.-. La actual reunión de comité político de día lunes debe ser la más larga de este gobierno.

Contrario a la confusión conceptual tan difundida y que he mencionado anteriormente, la derecha política, instinto de supervivencia mediante, debe ver todo aquello como una obviedad, es por esto que, a pesar de haber sido el pacto político con mayor votación en la elección de constituyentes, están con pánico. Sí, institucionalmente hablando siguen siendo el pacto más votado, pero a la hora de medir fuerzas y sumar, no son 37 constituyentes sobreponiéndose a los 28 de “Apruebo Dignidad” y a los 25 “Lista del Apruebo”. Son 37 versus 28 + 25 + 48 (los ya mencionados “independientes”).

Y ojo, que esa suma tampoco considera los 17 escaños privilegiados de las comunidades indígenas, que en su mayoría de derecha tampoco son.

Seguramente nunca rogaron más que la izquierda se canibalice entre ellos.

Algunas predicciones breves sobre las elecciones de este fin de semana

Siendo aún mediodía de la primera jornada de elecciones, pronostico que:

  • La concurrencia electoral este fin de semana será inferior a la del plebiscito de entrada. Este último era un hito histórico-cultural, una verdadera trampa de marketing, una marca comercial de la cual sentirse un orgulloso usuario: “APRUEBO”. Sin embargo, esta elección, al margen de su capital importancia, simplemente no concita la misma mística. Vaticino que, en términos de votos escrutados, será otra elección más en el Chile del voto voluntario y la anomia juvenil. Incluso: cabe la posibilidad cierta de que concurra mucho menos gente que la esperada, con la consiguiente falta de legitimidad que se esbozará como argumento de aquí para adelante.
  • A pesar de las afiebradas preocupaciones del Gobierno y de “su” sector, sobre todo después de la debacle del tercer retiro y el TC, la “derecha” conseguirá su tercio en la Asamblea Constituyente. Más aún, me aventuraría a decir que en el clivaje izquierda-pseudoderecha no habrá claros ganadores.
  • Las desaveniencias respecto al funcionamiento de la Asamblea Constituyente surgirán desde el día 1. No, considerando que el día 1 sería la fecha de entrada en vigencia de la Asamblea, incluso diría que incluso desde antes. Aquí no hablo siquiera de los desacuerdos políticos que evidentemente habrá en grandes materias como la propiedad privada, sino hasta de minucias tales como cómo decorar el salón y qué marca de té servir. Será una bolsa de gatos peor que el actual Congreso.
  • La nueva institucionalidad que se crea con los “gobernadores regionales”, extraño sistema híbrido en que el país mantiene un orden político-administrativo regional y centralizado suavizado con tímidos tintes de federalismo, demostrará ser en los años venideros (e incluso, dada la crisis institucional y política actual, posiblemente en los meses venideros) un remedio jurídico peor que la enfermedad, recordándonos una vez más que la improvisación chilensis es una pésima consejera.

P.S. Es muy probable que solo al final de la jornada de mañana, cuando comiencen a aparecer los primeros cómputos, y aparezca de manifiesto que no es tan fácil como contar apresuradamente quién sacó más votos para dirimir quién ganó, solo entonces la gente de a pie comenzará a entender lo que realmente significaba la tan cacareada y celebrada (pero no por ello menos injusta e inconstitucional) “paridad”, con candidatos a constituyentes compitiendo con dos sets de reglas del juego distintas según si usan calzones o calzoncillos. No se sorprenda si una legión de señoras Juanitas (o, para ser más contemporáneos, digamos las legiones tuiteras) descubren horrorizadas, al unísono, que su candidato -que sacó holgadamente más votos que el resto- no será electo porque la ley así lo dice y porque Dios también es hombre.

P.S. 2: Es muy probable también que solo a partir de los días venideros esas señoras Juanitas y legiones tuiteras comenzarán recién a entender qué es lo que en verdad aprobaron. Cuando resulte evidente que la famosa asamblea constituyente estará compuesta mayoritariamente por los mismos políticos chantas de siempre, el cortocircuito popular llegará a ser casi cómico (si no fuera porque en verdad será todo más bien trágico, ya que es de esperar que la insurgencia de ultraizquierda reactive su agenda con el pretexto de que o las elecciones estuvieron viciadas o la conformación de la asamblea no es representativa).

A dos semanas del plebiscito: crónicas de un gran fracaso

Que no se malinterprete: el gran fracaso al que aludo tiene poco que ver con el resultado en sí mismo de la elección.

Tampoco hablo del evidente fracaso en términos de convocatoria electoral que, dadas las anormalidades del momento, el plebiscito concitó, por mucho que, de nuevo, políticos, analistas y periodistas de todo el espectro político se esmeren en seguir forzando cierta narrativa y edulcorando la verdad al mejor estilo goebbelsiano, a partir de la mera repetición de titulares de dudosa veracidad.

A lo que apunto, en realidad, dice relación con el resultado del plebiscito en términos estrictamente de realpolitik, es decir quiénes acaban ganando, perdiendo, y algunas eventuales consecuencias que podrían comenzar a vislumbrarse en nuestro triste país más temprano que tarde.

Dos semanas con la cabeza fría parece ser un tiempo más que razonable para hacer algunos diagnósticos y predicciones.

El gran fracaso de Piñera

Es cierto que Sebastián Piñera es un individuo cuyos recovecos mentales deben resultar indescifrables hasta para su propio psiquiatra. Sin ir más lejos, no estaría exagerando ni mintiendo al señalar que ni siquiera sus propios amigos o compañeros de coalición saben con exactitud qué es lo que realmente ocurre dentro de su cabeza.

A veces me lo imagino compartiendo por la noche sus más secretas y perversas aspiraciones políticas con Cecilia Morel, cual escena salida de House of Cards, pero en el mundo de Piñera incluso una postal como esa no puede darse por sentada.

A la hora de extrapolar estas formas psicológicas a un comportamiento político constante, el resultado parece bastante simple, obvio y advertible por cualquiera: se trata de una figura cuyas sinuosas acciones obedecen más a consideraciones de índole estrictamente personal antes que ideológicas. Así, por más que le pese a sus enemigos políticos más confundidos, Piñera difícilmente puede ser considerado un gobernante de derechas (especialmente ilustrativa y hasta hilarante resulta ser al respecto esta anécdota electoral-familiar). En términos bastante básicos pero ilustrativos, Piñera no es tanto “derechista” como piñerista, de la misma forma que Donald Trump, otrora militante demócrata y hoy presidente republicano, es simplemente un trumpista.

Sentado este simplón preludio psicológico-político, ¿cómo juzgar la honestidad con que Piñera llegó a hacer campaña por la opción “apruebo” hasta el mismo día del plebiscito?

Y es que más de alguno ha llegado a pensar hasta el final que todo era una suerte de jugada de ajedrez en 3D por parte del Presidente, una movida que comenzó a fraguarse en noviembre del 2019 y cuyas implicancias finales los simples mortales no alcanzamos a comprender.

Algunas razones que se han esbozado para justificar un a priori tan incomprensible apoyo electoral dicen relación con una especie de narcicismo histórico. Así, valiéndose de la máxima empresarial de que toda crisis es una oportunidad, Piñera simplemente habría visto en ese gran imprevisto que fueron las revueltas de octubre la posibilidad de pasar a la historia como un verdadero presidente republicano, el gran estadista que impulsó la derogación de la “Constitución de Pinochet”.

Dadas sus constantes alusiones a Aylwin, y la porfía a la hora de insistir en la retórica de los “grandes acuerdos” y “la nueva transición” incluso hasta hace poco, no es descabellado pensar que en esta teoría algo de verdad podría haber. Con todo, no hay duda alguna de que esas eventuales pretensiones son tan vanas como cualquier intento de dirigir hoy la agenda política, pues si de algo hay certeza actualmente es que a Piñera no lo quieren ni en la izquierda ni en la derecha, y tratándose del juicio de la historia, este gobierno indudablemente trascenderá como el peor de este ciclo de 30 años junto con el segundo de Bachelet.

También están aquellas elucubraciones —a mi entender para nada descabelladas si se observan otros casos recientes— que apuntan a una eventual presión internacional o al ofrecimiento de ciertas regalías. Y es que tampoco es un misterio para nadie que la Organización de Naciones Unidas mantiene un elevado grado de interés, por decir lo menos, en la dictación de una nueva Constitución para Chile. Después de todo, ampliamente conocido es su intervencionismo en esta tercermundista región del mundo, sin contar que las sutilezas tampoco son lo suyo a la hora de plantear las pautas de lo que como nación —supuestamente soberana— debiésemos hacer, o a la hora de hacer un descarado proselitismo político cuando solo de denunciar eventuales violaciones a los derechos humanos supuestamente se trataba. Cuando Chile ha sido históricamente una plataforma de experimentos económico-políticos, esta época no será la excepción.

Volviendo a Piñera y sus peculiares razones para identificarse con la opción “apruebo”, incluso podría decirse que su movida fue una simple salida política que le permitió salvar el pellejo —también salvárselo al Congreso y a la entera institucionalidad chilena— y que le concedió, contra todo pronóstico, una prórroga de su mandato en la jornada más difícil desde el retorno a la democracia. Después de todo, podemos constatar que todavía ocupa el sillón presidencial en La Moneda y, a menos que algo ocurra en los próximos meses (plausible), aún le queda un año de gobierno  (“gobierno”, por supuesto, en términos estrictamente nominales, pues bien sabemos que hoy tanto la figura presidencial como la Constitución supuestamente vigente son de papel).

Concediendo que la frase “le ha tocado difícil” sería cuanto menos un understatement, y al margen de lo que sea que se haya pasado por su cabeza durante todo este proceso, lo cierto es que a la hora de realizar un juicio político anclado a la mundana tierra de los hechos, lo ocurrido el 25 de octubre reciente fue una vergonzosa derrota política para Piñera que solo viene a cimentar lo que ya es indudablemente observado por todos como el patético deambular de un ente salido de película de apocalipsis zombi, o para utilizar una metáfora náutica (que parecen estar bastante de moda por estos días), un miserable y triste naufragio.

No nos perdamos: por más que haya promovido la opción “apruebo”, haya empleado la misma estrategia camaleónica con la que acabó identificándose una parte importante de la derecha chilena (para estos efectos vamos a entender derecha en un sentido eminentemente político, mas no ideológico) y aunque, curiosamente, nadie haya perdido y todos hubiesen terminado destapando la champaña, Piñera, simplemente fue derrotado. Su gobierno fue prematuramente terminado en octubre del 2019, su carta de navegación revocada y, para colmo, acabó sacrificando y arrojando al mar la Constitución de la derecha, en lo que representa un cambio político jamás pedido por nadie ni mucho menos consignado en el programa de gobierno por el que la mayoría de los electores votó en 2017.

En otras palabras, a Piñera simplemente le cambiaron la música, que hoy orquesta la que probablemente sea la peor oposición desde el retorno a la democracia, y respirador artificial mediante hace lo que puede para seguirle el ritmo con unos pasos tanto más torpes que aquellos tiesos y tristemente recordados con que bailaba “Thriller” de Michael Jackson.

El gran fracaso de la derecha

La tesis de Longueira se siguió en la derecha de forma populosa. Dado el contexto social y político, hacer campaña por el “rechazo” y ganar parecía una empresa imposible. Solución: vamos todos por el “apruebo”.

Sin embargo, aplicando la misma lógica antes descrita, no cabe sino concluir que la derecha completa sufrió una derrota estrepitosa, pues cae finalmente el texto constitucional que, si bien es cierto otorgó el marco de relativa estabilidad política, jurídica y económica que le permitió al país vivir su época dorada, también resultaba ser la encarnación de ese ya lejano ideario político-económico-social que la UDI y RN contribuyeron a impulsar. Después de todo era su Constitución.

Ahora bien, no deja de ser cierto que tanto para quienes votaron “rechazo” como para aquellos que hicieron campaña por la opción “apruebo” con calculadora en mano y algún grado de culpabilidad/disonancia cognitiva, nada está sacramentado aún y la elección de los constituyentes será la madre de todas las batallas. Con todo, esa será una empresa especialmente ardua cuando la misma derecha contribuyó a cimentar su propia derrota concediendo una victoria tan aplastante y, lo que es peor, al ayudar una vez más a correr el eje sociopolítico más a la izquierda de lo que ya estaba en Chile —que era bastante—.

Tampoco es menos cierto que, sin otra grave conmoción política mediante, y nominalmente al menos, la Constitución de 1980 seguirá vigente hasta que la Asamblea Constituyente ofrezca un proyecto alternativo que finalmente sea ratificado por la nación en el llamado plebiscito de salida, cuestión que puede suceder o no. Por lo tanto sería prematuro adjudicar derrotas tratándose apenas del plebiscito de entrada.

Sin embargo, ¿cabría realmente cualquier forma de optimismo cuando la diferencia de votos ha resultado ser en el capítulo preliminar tan grande? Y si bien es cierto que mucho puede pasar en estos dos años, y de alguna manera “la gente” podría incluso llegar mágica y súbitamente a entender el monumental dedo en la boca que todo esto proceso significa para finalmente rechazar, no podemos olvidar que esta, como prácticamente la mayoría de las batallas políticas, no se juega en el aspecto técnico, sino discursivo o cultural. Por lo tanto, de nada servirá sacar más de un tercio, llevar a los mejores constitucionalistas de Chile y diseñar la mejor Carta Fundamental de la historia mientras el seductor discurso de la izquierda radical siga lavando cerebros, la ideología de la deconstrucción siga permeando en la sociedad, y la funesta derecha chilena no logre convencer a los electores que, de alguna forma, son sus propuestas las que encarnan la “dignidad” requerida, sea lo que sea que ello signifique. Una cuestión obvia, pero que hasta el día de hoy la perdidísima gente de UDI, RN y Evópoli, supuestos defensores chilenos de las ideas de la libertad, aún no entienden.

El gran triunfo de la izquierda radical

Es cierto que la concurrencia a las urnas estuvo lejos de ser un éxito y que, en un país con 19 millones de habitantes, los que impulsaron el proceso de cambio de Constitución no llegaron a ser 6 millones, cuestión que, insisto, es fundamental no olvidar ni perder de vista. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo: la diferencia de votos fue abismal y mayor a la esperada hasta por el más pesimista (u optimista, según la vereda desde la cual se quiera observar).

Es así como, envalentonados por una aplastante diferencia de votos que patuda e injustificadamente se atribuyen, y pretendiéndose portadores iluminados —como históricamente han hecho— de una voluntad popular que no representan, políticos y movimientos de izquierda comenzarán a presionar con todo, intentando dotar de legitimidad soberana a las propuestas políticas que más pronto que tarde comenzarán a aparecer.

Algunas de esas propuestas, que por cierto no pasan de ser nuevas y socavadas intentonas golpistas de esas que tanto gustan a los demócratas de la izquierda radical, emergieron incluso no bien concluido el plebiscito. Así, sin necesidad siquiera de esperar la conformación de la Asamblea Constituyente, más de uno, incapaz de reprimir sus más íntimos anhelos  y con los colmillos ya salivando, ha propuesto desde la terminación prematura de cargos mandatados por la Constitución, las leyes y la soberanía popular —“elecciones anticipadas” dicen— hasta el reemplazo del Congreso por la Asamblea Constituyente.

Todas, por supuesto, barrabasadas que no enfrentarán consecuencia jurídica o política alguna en el Chile de hoy y que resultarían, desde luego, inaceptables en cualquier país mínimamente serio. Pero bien sabemos que en esta extraña dimensión, donde todo da lo mismo y la esquizofrenia colectiva post insurrección es norma, nuestro triste país está lejos de ser uno serio y, por el contrario, retrocede cada vez con mayor velocidad al estadio en que se encuentran muchos de nuestros vecinos.

En cualquier caso los frentes que se abrirán son múltiples. La izquierda radical no perdona la derrota política del ‘73 y vendrá por todo. Así, además de las obvias y sucesivas quemadas de ahorros que seguirán fraguándose de manera inconstitucional en el Congreso, con el objeto desde un principio manifiesto de destruir el sistema de pensiones, uno ya puede prever qué tipo de propuestas políticas vendrán, varias de las cuales, de hecho, ya están sonando fuertemente: cambio de régimen político, pérdida de autonomía —aun parcial— del Banco Central, eliminación o neutralización del Tribunal Constitucional, imposición de mandos políticos dentro de la Fuerzas Armadas, concesión de cualquier materia fundamental a quórums simples, entre otras. Todo siempre, por supuesto, debida y astutamente justificado para embolinarle la perdiz no solo al chileno promedio, sino al cobarde o de plano cándido político de derecha.

De verificarse este panorama en la práctica —y es probable que así sea— uno se cuestiona genuinamente: ¿tendrá sentido caer en la candidez y comenzar a analizar seriamente, de buena fe, jurídica, política y económicamente y letra por letra cadauna de estas propuestas? Cuando la imagen macro que se dibuja a la hora de unir los puntos se vuelve tan obvia, personalmente, creo que cuanto menos vale la pena hacerse la pregunta.

A estas alturas de lo único que no cabe duda es que, a partir de la semana del 18 de octubre de 2019, asistimos a una verdadera película de terror o al menos suspenso, una cuya auténtica trama es de corte eminentemente político y en la cual la capa narrativa más superficial y finalmente engañosa es la cuestión social. Esta última, por supuesto, existe, pero no nos mintamos: somos meros muñecos y no le importamos a nadie, aunque hayan convencido a millones de incautos de lo contrario.

¿Y el pueulo?

Tanto el político/populista de izquierdas como el de derechas han querido endilgar el triunfo no solo a sus respectivos sectores, sino también —cada uno por razones estratégicas diferentes— al “pueblo chileno”. Ganamos, nos dicen, todas, todos y todes.

Lo curioso es que los primeros ya han empezado a utilizar estos distorsionados porcentajes para apalancar sus propias propuestas radicales. Así, en algún extraño universo paralelo, el hecho de que la señora Juanita y su nieto millennial hayan votado “apruebo” significa, por ejemplo, que quieren cambiar el régimen presidencial por uno parlamentario, más políticos y menos libertades.

Pero lo cierto es que para muchos la toma de partido por el “apruebo” no fue más que un perdido y confundido “voto de castigo” a través del cual quisieron decirle a la casta política que el país necesita grandes cambios (por supuesto, bien sabemos que ese estaba lejos de ser un voto de castigo y, por el contrario, no hace sino darle a los políticos chipe libre para seguir emporcando la labor pública), asemejándose más a una especie de clamor emocional que a un voto informado y jurídica y políticamente meditado, y que se puede resumir magistralmente en una frase acuñada por el constitucionalista Arturo Fernandois: “un proceso de intensidad psico-jurídica-política de una generación que busca un país mejor”.

Dicho lo anterior, resulta evidente que el gran perdedor en este plebiscito ha resultado ser justamente la gente de a pie. Y es que sus votos no solo se vislumbran como difícilmente convertibles en políticas públicas decentes en el corto, mediano o largo plazo, sino como un manipulado apoyo a un sector que, careciendo de todo capital político, se sabe suficientemente empoderado gracias a su labor profesional de ingeniería social como para seguir metiendo todos los dedos en la boca que haga falta y alcanzar las cotas de poder que les sea necesario.

Más temprano que tarde las consecuencias de esta derrota para el propio pueblo de Chile se van a advertir.

Epílogo: la reconfiguración del mapa político chileno

Más allá de triunfos y derrotas, y al margen de los cuestionables números de la reciente elección, la abismal diferencia de votos, como ya he señalado, claramente indica una tendencia social e inaugura el que probablemente sea el nuevo mapa político chileno.

La argentinización de nuestro país ya se advierte al menos en el plano político: así como el eje en el país trasandino está severamente corrido a la izquierda, Chile asistirá a la radicalización cada vez mayor de un fenómeno ya inaugurado, de hecho, durante la segunda administración de Bachelet gracias a sus políticas públicas desastrosas.

En tal contexto, y considerando las severas incompatibilidades que se observan dentro de la actual oposición, no será aventurado señalar que, en virtud del plebiscito, el mapa del poder en Chile observa al fin una nueva dicotomía política. Un curioso y acortado eje que aglutinará a su izquierda al anacrónico e increíblemente subsistente Partido Comunista, al Frente Amplio y a los individuos más radicales de la Nueva Mayoría, y que a la “derecha” concentrará a la ex Concertación junto con la derecha light representada por camaleones como Lavín y Bellolio. Un trecho sumamente corto que simplemente transita desde la destrucción de las bases institucionales como propuesta política (unos partidarios de la “retroexcavadora” para los que la metafórica maquinaria se les hará poco y que querrán reemplazar por una aplanadora) hasta la sugerencia de corrección sustancial del modelo por cuenta de una suerte de socialdemócratas.

Huelga decir que en este panorama la verdadera derecha, electoralmente, ya no existe. Al menos por ahora y mientras no irrumpa algún súbito e inesperado fenómeno cultural antes que político, tipo Vox en España. Así las cosas, por ejemplo, José Antonio Kast hoy no es más que una anécdota, la pequeña figura de porcelana que entre sollozos abrazan quienes dicen preferir morir con las botas puestas o por lo menos querer dormir con la conciencia tranquila.

Después de todo, no olvidemos, concurrimos a un lavado de cerebros masivo y a un eje político distorsionado en donde a la derecha sin apellidos, al mero conservadurismo, se le adjudica la intelectualmente deshonesta y politológicamente errónea etiqueta de “ultraderecha”, y en el que a buena parte de la oposición radical se le llama “centroizquierda” y ya nos parece normal.

Un plebiscito y proceso constituyente a la chilena: parte II

El elocuente meme que los millennials del “18-O” distribuían con tanta gracia y simpatía durante la jornada electoral (autoría desconocida).

El día de ayer señalaba, cuando ya prácticamente se disponían a cerrar las mesas electorales, más de una razón por las cuales este proceso ha resultado ser un culto a la improvisación y a la ilegitimidad de principio a fin.

Con todo, comenzaron a surgir a partir de la misma tarde de ayer algunos nuevos antecedentes y eventos que permiten engrosar la lista y que resultan ser no menores. Hablo de algunos tan insólitos que debiesen inspirar vergüenza internacional y llevarnos a plantear si no será más honesto cambiar la estrella en nuestra bandera por una banana.

Siete: Chile tendrá una Asamblea Constituyente habiendo votado apenas la mitad del padrón electoral

El control de daños ya venía haciéndose de antemano. Así, incluso horas antes de que la elección concluyese, el presidente del Servicio Electoral afirmaba que se esperaba una alta concurrencia a la votación.

Transcurrieron las horas y junto con el resultado del plebiscito se conoció finalmente la cantidad de votantes que asistieron a las urnas: solo 7 millones y medio de chilenos, lo que no llega a ser siquiera el 51% del padrón electoral.

Ya preveíamos esta deficitaria concurrencia electoral el día de ayer. Bien podría haber sido propiciada tanto por el contexto pandémico como por razones más típicamente chilenas: falta de interés cívico, rechazo a la institucionalidad vigente o a nuestros políticos, ilegitimidad del plebiscito, flojera, etc. Como fuese, tratándose de, una vez más, “la elección más importante de nuestra historia”, la cifra resulta ser alarmantemente pequeña. Chile tendrá nada menos que una Asamblea Constituyente habiendo ido a votar apenas la mitad de los ciudadanos habilitados.

Con todo, estas cifras han bastado para que se desate el respectivo carnaval de políticos y periodistas subiéndose al carro alegórico de la “fiesta de la democracia”, decretando el éxito del proceso y pretendiendo envolver al mismo en un halo de legitimidad de la que simplemente carece. Ya decía que el control de daños venía haciéndose incluso desde tempranas horas del día de ayer, y curiosamente, a pesar del magro resultado en cuanto a participación ciudadana, se instala a la fuerza en los medios la narrativa política —tanto desde la izquierda como desde la derecha, obvio— de que esta ha sido la elección más exitosa desde la entrada en vigencia del voto voluntario. Mire adonde mire, el titular o la bajada estará en todas partes, prensa internacional incluida.

La trampa de aquella afirmación, por supuesto, radica en su última parte, puesto que desde la catástrofe cívica que significó el paso del voto obligatorio al voluntario en 2012, la concurrencia a las urnas ha sido sostenidamente baja; miserablemente baja (si antes votaban en una elección presidencial nueve de cada diez, luego pasaron a hacerlo apenas uno de cada dos). Por lo tanto, el supuesto gran hito que sería que esta elección haya superado por menos de un 2% a la anterior elección más concurrida “desde el traspaso al sistema de voto voluntario” no significa absolutamente nada.

Nuevamente, tratándose de un plebiscito en que se juega una cuestión tan fundamental como la derogación del actual ordenamiento político y el régimen de derechos fundamentales, uno hubiese esperado una participación mayor. Considérese, por ejemplo, que  para el irregular plebiscito en que se aprobó la Constitución actualmente vigente y que se pretende reemplazar, votaron supuestamente más de 6 millones de chilenos, y que nueve años después, en el plebiscito en que se votó la salida de Pinochet, lo hicieron más de 7 millones, lo que en términos de participación electoral equivale al 97,53%.

Ahora bien, es cierto que los contextos políticos son distintos, y difícilmente podrían además alcanzarse esas cifras o las de cualquier presidencial posterior y pre 2012 –cuando se promediaba una participación del orden del 85%-90%–, atendido el hecho de que en todos esos casos la votación era precisamente obligatoria. Sin embargo, insisto, este plebiscito no mueve la aguja más allá del penoso promedio de uno de cada dos chilenos desde que se pasó al nuevo de régimen de votación.

En términos matemáticos la proposición es correcta: se trata de la elección con mayor participación electoral desde el voto voluntario. Pero como bien sabe cualquier abogado, el arte del engaño consiste justamente en emplear aseveraciones matemáticamente correctas para introducir en la mente del público percepciones erróneas e incluso derechamente falsas.  No lo olvide: esta “exitosa” elección no contó con un 80% de participación, un 70 ni un 60. En la “elección más importante desde el retorno a la democracia”, votaron apenas 7 millones de personas de un universo de casi quince. Y pretenden vendérnoslo como un triunfo de la democracia.

Inédito.

Todo lo demás son florituras retóricas: nuevos intentos de parte del poder político para seguir engatusando a su incauta población, así como de analistas electorales y periodistas cuya agenda ideológica resulta ser más importante que la verdad.

Ocho: el Presidente de la República violó flagrantemente la ley electoral el mismo día del plebiscito

Que Piñera es un individuo tendiente a los “errores no forzados” –para ser sutil– no es novedad. Sin embargo, sorprende que entre sus características salidas de libreto y comportamientos fuera de lo protocolar –e incluso legal–, una tan manifiesta y grave en la misma jornada del plebiscito pase sin pena ni gloria y a fin de cuentas termine “dando lo mismo”.

Bien sabemos que la ley electoral prohíbe realizar propaganda el mismo día de las elecciones e incluso antes. Es la razón por la cual no pueden llevarse mascarillas o vestimentas promoviendo alguna de las opciones a un local de votación, y la razón por la que dos días antes los políticos empiezan a hablar en clave: “vota correctamente” o “no importa tu elección, pero levántate y ve a votar”.

Sin embargo, también sabemos que esto es la República de Chile y nuestro presidente Su Excelencia Sebastián Piñera. Por lo tanto, tras sufragar en su local de votación en Las Condes, el jefe de Estado no tuvo reparo alguno en afirmar frente a las cámaras con total desparpajo: “La inmensa mayoría queremos cambiar, modificar nuestra Constitución (…). Siempre dije que nuestro Gobierno no era neutral, tenía dos compromisos fuertes y claros. Primero que este Plebiscito sea uno que honre nuestra tradición democrática y nos sintamos todos orgullosos de ejercer la democracia. Y segundo compromiso, contribuir para que Chile tenga una buena Constitución”.

Los símbolos son relevantes, y que en el contexto de la debacle institucional por el que atraviesa Chile, el Presidente de la República se permita realizar una transgresión de este tipo con tanta liviandad, nos recuerda que el irrespeto por la Constitución y las leyes vigentes es manifiesto, transversal y que no reviste consecuencias. A estas alturas, creo que no sería exagerado afirmar que, por lo visto, ya no importa nada.

Aunque si de símbolos se trata, tal vez sí podría haber uno más elocuente que la realización de propaganda electoral por parte del propio Presidente el mismo día del plebiscito: me refiero al absurdo de que una persona haya ido a votar disfrazada como dinosaurio y que el hecho se haya viralizado entre risas y muestras de apoyo en ese templo de sabiduría llamado redes sociales.

Desde ya, lamentamos no haber advertido en los locales electorales la presencia de otros personajes proselitistas como “Pareman”, “la tía Pikachu”, “el estúpido y sensual Spiderman” y Rafael Cavada con su disfraz de ensangrentado, que definitivamente hubiera sido un hit en vísperas de Halloween.

Nueve: la violencia en las calles de Chile y los saqueos continuaron durante el mismo proceso electoral (e incluso tras el cierre de este)

Bien decía que la violencia en las calles de Chile se había mantenido hasta los días previos a la jornada electoral. Pero lo cierto es que durante la misma tarde de ayer, precisamente al tiempo que miles de chilenos todavía iban a votar, la Plaza Baquedano y sus inmediaciones sufrían una vez más de aquella lumpenización tan típica que la sociedad chilena ya parece haber normalizado, con el encendido de barricadas, lanzamiento de fuegos artificiales y arrojamiento de objetos contundentes e incendiarios contra la policía, todo lo cual obligó incluso a cerrar el Metro.

Los eventos también obligaron a Carabineros a izar bandera blanca en plena jornada electoral y, de plano, “entregar” el área, en lo que representa un vergonzoso espectáculo que viene a confirmar, una vez más, y al margen de la posición política que uno pudiese sostener, que en estos momentos la paz social, el orden público en Chile —y por qué no decirlo, el Estado de Derecho— no son más que quimeras.

Conviene aquí recalcar las elocuentes declaraciones del director nacional de la Dirección de Orden y Seguridad, general Ricardo Yáñez, quien junto con negar lo innegable a través de eufemismos (“no entregamos Plaza Italia, sino que nos vemos en la necesidad de replegar nuestros recursos”), defendió su decisión argumentado que obraron de tal forma “porque ponerse a pelear con dos mil personas puede generar un daño mayor, como personas lesionadas, que es lo que queremos evitar”. En pocas palabras, las fuerzas de establecimiento del orden público deliberadamente abdican de su mandato constitucional, incluso en el día de una elección, toda vez que no quieren arriesgarse a dañar a quienes perpetran delitos a vista y paciencia de todos y a los que están obligados a reprimir.

Continuando con la lectura de las declaraciones del oficial, el general Yáñez se limita simplemente a “lamentar” lo ocurrido.

Insólito.

Si hace algunos años alguien hubiera dicho que el mismo día en que se iba a desarrollar una elección en Chile, cientos de “manifestantes” estarían impunemente arrojando piedras y armando barricadas, en una jornada en que incluso las Fuerzas Armadas asumen por mandato legal el control del orden público, indudablemente uno pensaría que esa persona está fumando opio. Pero bien sabemos que este es el Chile post 18 de octubre: los árboles impiden a muchos ver el bosque, y no parece haber una correcta percepción acerca de la gravedad del actual orden de cosas. Una vez más, pareciera que ya no importa nada.

Como fuese, será una postal para la historia: el día en que se llevaba a cabo el plebiscito que pone en marcha el proceso de derogación de la Constitución de 1980, a la misma hora en que miles de ciudadanos votaban, la violencia persistía impunemente en las calles de Chile.

En lo que concierne a las horas posteriores al cierre del proceso electoral, no estará demás recordar que se registraron varios saqueos a minimarkets y farmacias, ataques a comisarías, barricadas y hasta disparos, en lo que parece constituir la verdadera “nueva normalidad”.

Para la foto. O para decirlo de otra manera, un plebiscito a la chilena.

Un plebiscito y proceso constituyente a la chilena

Su repetición se da por descontada en cada proceso eleccionario chileno del que tenga memoria: el cliché de la “fiesta de la democracia” se ha cacareado en despachos periodísticos, invariablemente, cada mes de diciembre en que los ciudadanos hemos debido ir votar.

Este insólito e intempestivo plebiscito constitucional se realiza en octubre, desde luego, pero ello no obsta que tanto periodistas como políticos recurran al mencionado lugar común profusamente una vez más. Sin embargo, en esta ocasión el eslogan lleva como agregado alguna variante de una segunda parte: “la elección más importante de nuestra historia”.

Eso es, al menos, lo que nos dicen.

Así las cosas, no deja de ser curioso y hasta paradójico que, tratándose supuestamente de la “elección más importante de la historia”, sea este proceso también uno de los más irregulares, ilegítimos, inciertos e improvisados (o sea, a la chilena).

Al momento de escribir estas reflexiones –y asumo que también al momento de publicarlas–, Chile aún se halla a la espera de los resultados del plebiscito. Con todo, se hace importante recordar algunos antecedentes fundamentales e incluso graves que, sea cual sea el desenlace electoral, la mayoría de la gente parece ignorar o deliberadamente omitir, y que de alguna manera ensucian el proceso, llegando a inducir dudas de antemano sobre la legitimidad de los resultados y nuestro porvenir político.

Uno: más de la mitad del país está en cuarentena, con las dificultades logísticas y temores que ello implica

Despejemos primero los aspectos relacionados con la salud pública para luego entrar de lleno en lo político: según la información dispuesta en la edición del viernes 23 del diario La Tercera, nada más ni nada menos que el 51,2% del país –9.970.391 habitantes– se encuentra confinado a día de hoy, domingo 25 de octubre. Sí, ha leído bien: al día de la elección casi diez millones de personas están en cuarentena. Por su parte, de todo el territorio nacional, no es otra región que la de la Araucanía la que lidera el ranking con más comunas en cuarentena.

Se nos reitera constantemente que se han realizado otros procesos eleccionarios en el mundo en plena pandemia y se han llevado a cabo sin problemas. Sin ir más lejos, Jeannete Vega, asesora de la OMS (el brazo supuestamente técnico-médico de aquel organismo tan curiosamente entusiasta sobre la promulgación de una nueva Constitución para Chile que es la ONU), ha afirmado en la mencionada edición de La Tercera: “en pandemia se han realizado 50 elecciones en otros países. En todas las que se ha hecho seguimiento –recuerdo, por ejemplo, las de Wisconsin o en Francia– no se ha registrado ningún rebrote y se habían tomado todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia hasta ahora de que haya habido aumento de casos que puedan ser adjudicados a procesos eleccionarios”.

Decir que Chile no es Estados Unidos ni Francia –ni Corea del Sur, ni Alemania, ni Finlandia ni Noruega– se ha convertido también en lugar común a estas alturas, si bien no deja de ser cierto. De esta manera, insistir en que nuestra idiosincrasia tercermundista dista mucho de la de aquellos países que la asesora de la OMS tan suelta de cuerpo señala, está demás.

En caso alguno estoy previniendo que vaya a existir un rebrote en Chile (aunque si llegase a darse el proco probable caso de que así fuese, nadie tendría por qué extrañarse). Pero no puede desconocerse el elemento disuasivo que la situación sanitaria significará para cierto porcentaje del electorado –cuya relevancia se comprobará solo una vez que haya conteo de votos y sepamos cuántos efectivamente fueron a votar–, porcentaje que, dadas las condiciones de riesgo sanitario que –reales o no– perciben, elegirá acatar la cuarentena y simplemente no salir a votar.

Dos: a miles de chilenos se les ha privado injustamente de sus derechos políticos

El gobierno ya suspendió el plebiscito una vez, atendida la crisis sanitaria que implicó la irrupción de la pandemia en territorio nacional a comienzos de año. Desde luego, la decisión estaba más que justificada.

Transcurrieron los meses y muchos llegaron a pensar, con razón, que la elección reprogramada para octubre debería suspenderse nuevamente, dado el hecho de que aún nos encontramos en pleno estado de emergencia sanitaria.  Sin embargo, contra todo pronóstico, y basándose supuestamente en los factores antes señalados, el gobierno decidió perseverar en su afán de realizar el plebiscito.

Al margen de las eventuales implicancias de salud pública para la población en general, así como las dificultades y/o temores que pudiese haber significado para casi 10 millones de chilenos el estar en una comuna en cuarentena, la realización del plebiscito ha traído aparejada otra grave consecuencia que no parece haber recibido suficiente atención: la privación del derecho a sufragar para quienes están infectados con COVID-19.

Más allá de la relevancia estadística de la cantidad de infectados (a día de hoy son más de medio millón de chilenos), no deja de aportar otro dejo de ilegitimidad al proceso el hecho de que los pacientes infectados en el contexto de una pandemia en pleno apogeo derechamente no puedan votar, atendida la imposición gubernamental de no salir a las calles.

Ignoro qué habrá ocurrido en el caso de cada uno de los países que han impulsado procesos eleccionarios en plena pandemia, pero creo poder asumir con seguridad que en la mayoría de ellos se habrá establecido fórmulas para que los pacientes infectados pudiesen, de alguna manera, llegar a votar. El hecho de que se le haya privado arbitrariamente a miles de chilenos de sus derechos políticos, sancionándoseles por el solo hecho de portar una enfermedad que hoy resulta sumamente sencillo contraer, me parece no solo ilegítimo, sino obsceno, inaceptable y contradictorio con los estándares en materia de derechos políticos consagrados en cualquier tratado internacional de esos que Chile se dice tan respetuoso.

En breve, si no se iban a establecer alternativas de voto para los ciudadanos impedidos de concurrir a votar presencialmente, lo mínimo que debería haber hecho el gobierno es prorrogar una vez más la elección.

Tres: el plebiscito padece de ilegitimidad de origen

Resulta curioso que mientras el único argumento de quienes pretenden reemplazar la actual Constitución sería la “ilegitimidad de origen” de esta última, se haga ojos ciegos frente al contexto insurreccional y delictual –impulsado por la izquierda radical con la venia de políticos hasta de centroizquierda– en que se formó la génesis de este proceso constituyente.

Desde luego, la maquinaria propagandística de corte orwelliano no cesa en su afán de revisionismo histórico. Pero lamentablemente, los hechos son los hechos: no olvidemos que la noche en que Piñera realizó frente a todo el país aquel llamado que acabaría convirtiéndose en el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” (hasta el día de hoy me pregunto qué pasó con la parte de la “paz social”), dicha noche, reitero, era la jornada más violenta desde el propio 18 de octubre. Incluso, muchos especulaban sobre el inminente anuncio televisado de un nuevo estado de excepción constitucional ante lo desbordado de la situación en términos de seguridad interior del Estado.

Solo en aquel momento, y eventualmente ante lo que muchos especularon hubiera sido una negativa de parte del Ejército a hacerse cargo del orden público por la “falta de garantías” de parte del gobierno, Piñera, traicionando a sus votantes, su propio programa de gobierno, los intereses generales del país y su mandato constitucional, ofrece la Carta Fundamental como moneda de cambio, como un desesperado intento de salida política al conflicto con miras a frenar la escalada de violencia incontenible que nuevamente azotaba al país (demás está decir, el lumpen no lee el diario y a los revolucionarios que están por la anarquía tampoco es que el tema les importe demasiado).

Poco después el itinerario constitucional continuaba con su respectivo show en el ex Congreso de Santiago, con diputados y senadores realizando su puesta en escena de madrugada y aportando un granito de legitimidad meramente formal al proceso, al concurrir mayoritariamente en un acuerdo político que los comprometía a conceder los quórums necesarios establecidos en la propia Constitución del 80 para dictar una nueva Carta Fundamental (esta puesta en escena, no olvidemos, también se realizó con la ciudad y hasta las propias inmediaciones del ex Congreso en llamas, con la violencia prácticamente asediando sus puertas mientras los honorables todavía deliberaban, y se cernía sobre todos ellos y el país completo la amenaza de que las cosas podrían ir para peor).

Por último, conviene recordar  a qué nos referimos cuando hablamos del contexto de violencia política en el que se encuentra sumido el Chile post 18 de octubre y en el que nace el proceso constituyente, pues pareciera permear en el inconsciente colectivo la vaga noción que “violencia” no significaría más que un grupo de encapuchados revoltosos tirando piedras y a los que simplemente habría que “condenar” moralmente, como si con ello el universo volviera a su balance. Sin embargo, hablamos en la realidad de hechos gravísimos que en cualquier país política, social y psiquiátricamente sano serían considerados actos de terrorismo: incendios intencionales, ataques a infraestructura crítica, asesinatos y colocación de artefactos explosivos. Todo eso y más ocurrió a partir del 18 de octubre, aunque muchos prefieran hacerse los tontos y mirar para el lado.

Curiosamente, no falta por ahí la opinión que pretende equiparar el contexto político del 2019 al de 1973, señalando que las circunstancias descritas no serían tan distintas de la violencia política en medio de la cual se dictó la Constitución de 1980. Esta absurda y poco meditada opinión, sin embargo, lo único que hace es comparar la violencia de un proceso insurreccional con un régimen militar de facto, abstrayéndose del verdadero universo de diferencias existentes entre el contexto histórico, político, social, cultural, económico, militar, internacional y de prácticamente cualquier índole de aquel entonces, y el panorama del Chile republicano de 2019. Por lo demás, tampoco se hace cargo dicho “argumento” sobre cómo sería posible justificar el reemplazo de una Constitución “viciada de origen” por otra que reviste el mismo carácter.

En resumidas cuentas, el proceso constitucional que podría iniciarse hoy es el hijo bastardo de una concepción espuria: el terrorismo y el saqueo, casualmente justificados por muchos políticos y un importante sector de la población –bastante perdido– por supuestas causas sociales y económicas, y que en definitiva nos obligaron a iniciar un proceso constituyente jamás solicitado por nadie.

Cuatro: la mayoría de la población chilena en realidad “no está ni ahí” con una nueva Constitución

Decir que una eventual nueva Constitución no fue solicitada por nadie está lejos de ser una exageración.

Para retomar nuestra breve narración histórica, recordamos que es solo a partir del acuerdo del Congreso que la agenda de la nueva Constitución comienza a tomar fuerza, después de que esta careciera de todo protagonismo incluso en las mismas marchas y protestas que se llevaron a cabo desde el 18 de octubre en adelante –donde los mensajes en las pancartas versaban sobre desigualdad, el costo de vida, educación, salud, pensiones, la salida de Piñera, el aborto y hasta memes carentes de todo significado político–, incluyendo por cierto la multitudinaria movilización de Santiago del 25 de octubre.

Esta última realidad, incluso constatada por sus propios sentidos en diversas marchas por quien suscribe, se corresponde también con lo que de forma indesmentible planteaban los datos duros. Así, las encuestas sostuvieron de forma sistemática durante años que una nueva Constitución estaba lejos de ser una prioridad para los chilenos. Y si pudiese llegar a pensarse que este fenómeno solo se dio hasta el “estallido”, una vez más el dato duro demuestra  lo contrario, pues nada menos que la propia encuesta CEP de enero de este año –la recordada encuesta del 6% de apoyo a Piñera–  señalaba que la Constitución era apenas la decimoprimera preocupación de los ciudadanos, con un magro 7%.

También conviene tener en cuenta otros dos hitos históricos que dan cuenta precisamente de este manifiesto y originario desinterés del grueso de la población chilena por cambiar la Constitución: los sendos fracasos que resultaron ser la campaña “Marca tu voto” en la elección presidencial de 2013, cuando se instaba al electorado a pedir una asamblea constituyente mediante la rúbrica del acrónimo “AC”, así como la promoción de cabildos ciudadanos por cuenta de Michelle Bachelet y que acabó derivando en el proyecto constitucional de Fernando Atria entre 2017 y 2018. Ambos procesos terminaron concitando una participación del 8% y apenas 200.000 personas, respectivamente.

En breve, es así como, una vez más gracias a la maquinaria propagandística de un minoritario sector de la izquierda más radical, y propiciado por el uso de herramientas de manipulación de masas, la desinformación de la población, la sobreutilización de las redes sociales por parte de esta última y el cuestionable apoyo brindado por los medios tradicionales de comunicación a la causa, Chile inicia a partir de las revueltas de octubre un proceso político que en la práctica no había pedido nadie.

Cinco: la gente no sabe lo que vota

No cabe duda de que para votar hay que estar informado, y si este principio representa una realidad tratándose de cualquier proceso eleccionario, desde luego cobra mayor importancia tratándose de la que, nos han dicho, es la “elección más importante de la historia”.

Afortunadamente quien suscribe no es un político, ni un periodista ni un rostro televisivo ávido de aprobación popular, de manera que puedo afirmar con propiedad, y una vez más amparado en estadísticas, lo que tal vez resulte ser políticamente incorrecto: la mayor parte de la población chilena es ignorante y vota por el eventual cambio de Constitución totalmente desinformada.

Podríamos incluso ir más allá y recordar, una vez más empíricamente, que más del 40% de los chilenos carece de habilidades básicas de lenguaje y matemática así como de resolución de problemas, lo que evidentemente pinta un panorama en el que la población no posee pensamiento crítico y resulta propensa a fenómenos como la post-verdad y las fake-news, pero por ahora ciñámonos a lo que dice estricta relación con nuestra característica y generalizada ignorancia cívico-política.

Nuevamente, según la CEP del 6% de inicios de este año, nada más ni nada menos que un 56% de los encuestados creía que una nueva Constitución ayudaría a resolver los problemas de Chile.

Ahora, si se prefiere un barómetro más reciente, consideremos el sondeo de la Universidad del Desarrollo publicado en la edición del 8 de octubre de La Tercera, donde se le pregunta a los encuestados si creen que una nueva Constitución ayudará a mejorar la economía, la educación, la salud y las pensiones. En dicha medición, en promedio, un 70% de los encuestados estuvo muy de acuerdo o bien de acuerdo con que una nueva Constitución ayudaría a mejorar cada uno de dichos problemas. Curiosamente, cuando se les preguntaba si una nueva Constitución ayudaría a resolver la crisis del sistema político (la máxima posibilidad a la que realistamente un nuevo texto constitucional podría apuntar), dicha proporción de opinantes fue la más baja, con un mero 57%.

Que no se me malinterprete: en caso alguno caería en la soberbia de señalar que abogar por una nueva Constitución es sinónimo de desinformación o ignorancia. Sí lo es, sin embargo, creer que una Constitución ayudará a resolver dichos problemas, desconociendo las funciones básicas de una eventual nueva Carta Fundamental así como la realidad de las posibilidades jurídicas, políticas y económicas a las que esta podría aspirar.

Por último, le sugiero que haga una encuesta propia y salga a la calle a preguntar a cualquier persona si sabe lo que es una Constitución, cuál es su función y, al margen del eslogan “es de Pinochet”, cuáles serían los problemas de los que la Carta actualmente vigente adolecería. O al menos haga una búsqueda en YouTube y asómbrese con los resultados de los ejercicios de este tipo que otras personas se han tomado la molestia de realizar antes. Es muy probable que llegue a sentir vergüenza ajena.

Mientras activistas de izquierda radical como el profesor de Valparaíso Jaime Bassa abogan por la ignorancia de la gente, llamando a votar incluso sin haber leído la Constitución y sosteniendo que no es realmente necesario entender de qué se trata la cuestión para votar, no puedo personalmente sino lamentarme por la cruda realidad: pocas cosas le han hecho tanto daño a nuestra sociedad como la falta de formación y educación cívica.

En suma, a pesar de que nadie pedía realmente una nueva Constitución, la mayoría de los chilenos habrá ido a votar simplemente porque se les ha convencido de que han de hacerlo en una elección que resulta ser, al fin y al cabo, impuesta e ilegítima.

Seis: hay incertidumbre absoluta sobre las normas básicas que regirían un proceso constituyente

Para cualquier juego que se pretenda desarrollar –en este caso el juego “democrático” de discutir una nueva Constitución–, resulta no un lujo, sino una necesidad básica el saber con claridad cuáles serán las reglas que van a guiar dicho juego. Luego, más importante aún es saber cuáles serían tales reglas a fin de elegir primero si efectivamente se va a llevar adelante dicho juego o no.

Con todo, lo cierto es que en Chile el despelote es tal que hasta la propia casta política carece de certeza a la hora de explicar las reglas de funcionamiento del proceso constituyente en caso de ganar la opción “apruebo”. Y no hablo de incertidumbre respecto de minucias, sino de normas básicas y fundamentales que resultan trascendentes; del nivel de no saber si para llevar a cabo un partido de fútbol se ha de jugar con las manos o con los pies.

Esta falta de certeza respecto de normas básicas de funcionamiento muchas veces da cuenta no tanto de la inoperancia y falta de rigor intelectual de quienes pretenden constituirse en protagonistas del eventual proceso constituyente, sino de lo que resulta ser de plano su mala fe.

En este último sentido, podemos mencionar solo a modo ejemplo la cuestión sobre la famosa regla de los 2/3, respecto de la cual gente como Allamand y Atria, con sus respectivos sectores políticos detrás, mantienen diferencias interpretativas fundamentales (al margen de la evaluación que pudiese hacerse de cada una de estas figuras, una de dichas interpretaciones, evidentemente, se hace desde la buena fe y guarda relación con el espíritu general del texto acordado, mientras que la otra se ampara en la trampa y el ánimo de imponer una derrota política al rival).

En similar sentido puede mencionarse también la incertidumbre respecto a cómo podría funcionar la Convención Mixta en caso de que dicha opción ganara, atendido el hecho de que, para efectos de satisfacer esa injusta e ilegítima regla eufemísticamente llamada “paridad de género”, prácticamente la totalidad de las mujeres en el Congreso tendría que pasar por secretaría a dicha Convención, abandonando de paso el mandato soberano que se les entregó al momento de elegirlas diputadas o senadoras.

Que en el día del propio plebiscito aún no se sepa cómo se va a resolver la composición del eventual órgano constituyente, ni cómo se va a discutir y aprobar un eventual nuevo texto constitucional, da cuenta de la descomunal ilegitimidad, incertidumbre y grado de improvisación con que se ha gestado este proceso desde el día uno y que con toda seguridad acompañará al mismo hasta su eventual desenlace.

Por lo demás, conceder la resolución de todos estos futuros problemas a la esperanza de que todo se vaya a zanjar simplemente conversando de buena fe (máxime en el contexto de insurrección y polarización político-social de estos días) o delegando a la labor de la famosa “comisión técnica” es simplemente pecar, para mantener las sutilezas, de cándido.

Conclusión

Que para el día de la votación casi diez millones de habitantes se encuentren en cuarentena, que a cientos de miles de ellos se les haya privado de sus derechos políticos, que el proceso padezca de ilegitimidad de origen, que nadie lo haya pedido, que la población vote desinformada, y que se vote sin saber cómo funcionarán las reglas del juego, está lejos de ser una enumeración taxativa cuando se trata de demostrar que este es un proceso mal hecho de principio a fin.

Esta columna podría extenderse ad eternum agregando a la lista otros tantos elementos, como el hecho de que en caso de ganar la opción de la Asamblea Constituyente será un mero Congreso paralelo con expolíticos y rostros televisivos designados por los partidos y cuyo ingreso resultará dificultoso para los independientes, como el hecho de que en caso de ganar la Comisión Mixta estará integrada en un 50% por miembros del peor Congreso de la historia, que el nuevo texto constitucional –con todas las complejidades que implica su discusión– tendrá que ser resuelto en el insólito lapso de un año, que las reglas de votación para elegir a los miembros del órgano constituyente y sus cuotas atentan flagrantemente contra la igualdad ante la ley, que la izquierda intentó pasarse de lista y en su momento pretendió conseguir que hasta adolescentes de 16 años pudieran ir a votar, que la violencia extrema en las calles se sostuvo hasta días antes del plebiscito, que se amenazó explícitamente con la necesidad de aprobar una nueva Constitución so pena de que se desataría una nueva oleada de violencia, etc.

¿Realmente hace falta derrochar más bytes?